Diputados del Frente Chaqueño buscan limitar la portación de armas a la Policía
Proponen que cuando los efectivos concluyan su horario de servicio las guarden en una caja fuerte de la comisaría.
Legisladores del Frente Chaqueño presentaron un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia que busca "limitar" la portación de armas reglamentarias al horario de servicio del personal policial. La iniciativa plantea que, una vez finalizada su jornada laboral, los efectivos deberán guardar sus armas en cajas fuertes instaladas en las comisarías.
El proyecto, impulsado por Teresa Cubells, Rubén Guillón, Mariela Quirós y Nicolás Slimel, del bloque Frente Chaqueño, establece que se deberán crear "espacios de seguridad con dispositivos de caja fuerte o similares" en todas las seccionales policiales de la provincia, conforme a las medidas dispuestas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Además, se llevará un registro detallado de cada dispositivo y del arma correspondiente a cada agente.
La propuesta también modifica el artículo 35 de la Ley 178-J, prohibiendo expresamente la portación de armas reglamentarias por parte del personal policial retirado. La iniciativa promete abrir un fuerte debate.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores mencionan diversos hechos ocurridos en la provincia que motivaron la iniciativa. Entre ellos, el femicidio de Gabriela Betiana Alarcón en manos de su pareja, Claudio David Mambrín, un efectivo que luego se quitó la vida con su arma reglamentaria. También se refieren a suicidios de policías, así como a una tentativa de femicidio en junio, en la que la pareja de una mujer policía usó su arma para dispararle.
"Ante estos antecedentes recientes en la provincia del Chaco resulta imperiosa una decisión en política pública criminal en torno al debate de la necesidad o no de la utilización de armas de fuego reglamentarias fuera del horario de servicio", expresaron los diputados en los fundamentos.
También recordaron casos anteriores, como el presunto femicidio de Mabel Quiróz en 2019, y el de Gisela Barreto en 2020, este último aún sin sentencia firme. Además, según el último informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los 15 femicidios registrados en Chaco durante 2023, en al menos uno el agresor pertenecía a las fuerzas de seguridad.
Los autores del proyecto subrayan que "las armas reglamentarias son entregadas por la Policía de la Provincia del Chaco y por ello, debería ser la misma Institución policial quien bregue por la seguridad de las mismas de conformidad con los estándares establecidos".
Aseguraron, asimismo, que no se busca desproteger a los efectivos fuera de servicio, sino prevenir que esas armas "sean utilizadas después para atentar contra la vida misma o la vida de terceros".
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