Así lo anunciaron en un comunicado firmado por asociaciones integradas por la totalidad de los Fiscales Generales y Procuradores Generales de todas las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de un proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados y que establece la creación de fiscalías especializadas en anticorrupción, que funcionarían en Resistencia y Sáenz Peña bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.