Una nueva auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reveló que en una localidad, más del 80% percibía por parte del Estado Nacional ese subsidio sin cumplir los requisitos.

El pago de esta asistencia social le cuesta seis mil millones de pesos anuales al Estado.

El ministro Petri ordenó auditorías para determinar que ocurrió con esos fondos y con lo que se había presuntamente adquirido.

De acuerdo a la presentación, se habrían detectado "sobreprecios" y "productos de mala calidad" en compras autorizadas cuando la actual diputada de UP era titular de Desarrollo Social.

Se trataría del uso de un financiamiento internacional de 341 millones de dólares y por el que no existen legajos de estudiantes beneficiados.

Desde el Gobierno actual, con Leandro Zdero se señala que los nueve empleados beneficiados no pueden alegar buena fe.  

La comisión revisora comunicó que: "Zdero garantizará trámite transparente ante severas irregularidades detectadas".

Fue por orden de juez federal Julián Ercolini e incluye también a la ex secretaria del ex presidente y del broker involucrado.

El instituto fue señalado por no pagar la construcción de viviendas que fueron encargadas, algunas de las cuales no pudieron ser entregadas y otras quedaron sin terminar.