Quita de celulares a los presos: el Ejecutivo se expresó ante la Justicia del Chaco
El Gobierno chaqueño expuso sus argumentos a favor de la medida, enfocándose en la seguridad penitenciaria y la prevención de delitos.
Este lunes, se llevó a cabo una audiencia en el Superior Tribunal de Justicia de Chaco, donde se debatió el hábeas corpus presentado para frenar la quita de celulares en las cárceles de la provincia. Durante la audiencia, representantes del Gobierno, la Defensoría General Adjunta y el Comité para la Prevención de la Tortura expusieron sus fundamentos, y el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio para evaluar la posibilidad de escuchar a algunos internos, tal como solicitaron ambas partes.
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El ministro de Gobierno, Jorge Gómez, defendió la medida argumentando que el acceso a la comunicación no es un derecho absoluto y que puede ser reglamentado por razones legítimas como la seguridad penitenciaria y la prevención de delitos. Gómez destacó que el uso de celulares en las cárceles ha dado lugar a delitos cometidos desde los reclusos, y aseguró que existen alternativas para que los internos mantengan contacto con sus familiares y abogados de forma segura, como teléfonos fijos y celulares permitidos en horarios establecidos.
Además, el Gobierno subrayó que la restricción de celulares no afecta el acceso a la educación de los internos, ya que se les garantiza el uso de bibliotecas, material de estudio y computadoras en salas habilitadas. "La resocialización no depende exclusivamente del acceso a la tecnología", agregó el ministro, y reafirmó que la medida busca evitar abusos y garantizar un régimen de detención acorde con los estándares de seguridad.
La defensa del Ejecutivo también incluyó la citación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destacando que el Estado tiene la facultad de reglamentar el régimen carcelario, siempre que se respeten los derechos esenciales de los internos, como lo estipula la Ley 4033-J.
La audiencia fue presidida por el juez Enrique Varela, junto a los magistrados Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río. También estuvieron presentes representantes de la Fiscalía, el Comité para la Prevención de la Tortura, la Policía del Chaco, el Ministerio de Seguridad y otros organismos vinculados al ámbito judicial y penitenciario.
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