Nación impulsa un proyecto para que las barras bravas sean consideradas organizaciones criminales
Desde Casa Rosada se da impulso a una nueva normativa para que los barras y los dirigentes que colaboren de algún modo con ellos sean pasibles a penas más duras.
El Gobierno trabaja en un proyecto de ley en donde los barrabravas sean considerados como organizaciones criminales. Establece penas de dos a cuatro años de prisión a quienes transporten armas o vendan entradas de protocolo.
El proyecto, que se alinea con las iniciativas internacionales para combatir el crimen organizado en el deporte, establece como eje principal la consideración de las barrabravas como organizaciones criminales, ampliando las herramientas legales para enfrentarlas.
El texto propone que las actividades de las barrabravas sean tratadas como delitos de asociación ilícita. Esto permitiría aplicar penas de entre dos y cuatro años de prisión a quienes participen en acciones como la reventa de entradas de protocolo o el transporte de armas.
La tenencia y transporte de armas, la reventa de entradas de protocolo y el control de estacionamientos por "trapitos" en las inmediaciones de los estadios, serán castigadas penalmente, según el proyecto en estudio.
Al mismo tiempo, los trascendidos sobre el proyecto indican que se apunta a cortar las fuentes de financiamiento de las barras, que se sustentan en prácticas ilegales como las extorsiones y amenazas.
Y los dirigentes deportivos que colaboren con ellos, ya sea entregándoles entradas o manteniendo vínculos conniventes, también estarán bajo investigación, pudiendo enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión.
Otra de las medidas que se busca implementar desde el oficialismo es la rigurosidad en las inhabilitaciones administrativas, donde las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios de personas que estén imputadas por delitos, aunque no haya una sentencia definitiva en su contra.
