El imperio de "Tito" López: cómo un líder piquetero y su familia se apropiaron de tierras fiscales
La detención de Ramón "Tito" López, referente piquetero, sacó a la luz una trama de irregularidades que involucran a su familia y a exfuncionarios provinciales en un esquema de apropiación ilegal de tierras fiscales. La causa, liderada por el fiscal federal Patricio Sabadini, investiga maniobras de fraude a la administración pública que habrían beneficiado económicamente a López, su esposa, sus hijos y otros allegados.
De acuerdo con la investigación, "Tito" López y su círculo familiar crearon una asociación ilícita para apoderarse de miles de hectáreas de tierras del Estado. A través de escrituras irregulares y contratos fraudulentos, estas tierras, destinadas originalmente a la producción y el desarrollo social, fueron vendidas a terceros a precios muy por debajo del mercado. Entre los compradores aparecen nombres como Walter Emanuel y Diego Hernán Brua, quienes adquirieron las propiedades con aval de la escribana María Luisa Artieda.
La trama incluye la complicidad de funcionarios del Instituto de Colonización del Chaco, quienes habrían facilitado la adjudicación exprés de estas tierras desde 2011, ignorando normativas provinciales. Según el expediente judicial, se estima que la familia López recibió cerca de 3.000 hectáreas, incumpliendo los requisitos legales que prohíben su venta durante los primeros diez años y obligan a destinarlas a fines productivos.
En lugar de fomentar el desarrollo rural, las tierras permanecieron en estado de abandono y fueron transferidas mediante fideicomisos vinculados a la empresa Smart Capital S.A. Las pruebas recolectadas muestran un esquema de corrupción que incluye la participación activa de altos funcionarios, cuyo rol fue clave para eludir las regulaciones vigentes.
El juez federal Ricardo Mianovich rechazó recientemente una solicitud de la defensa de López para suspender la acción penal bajo el argumento de que la Ley de Blanqueo (Ley 27.743) aplicaba al caso. Tanto el juez como el fiscal Sabadini aclararon que dicha normativa no cubre delitos como el lavado de activos, asociación ilícita o fraude a la administración pública, delitos por los cuales López y su familia están imputados.
Con esta decisión, la causa avanza y podría involucrar a más actores dentro del esquema de corrupción. Mientras tanto, el grupo familiar enfrenta acusaciones que incluyen fraude, lavado de activos y asociación ilícita, en lo que podría ser uno de los escándalos de corrupción relacionados con tierras fiscales en la provincia.
