Funcionarios de Capitanich salpicados por presunta corrupción y el desfalco de millones del Estado
Con el objetivo de desmantelar organismos envueltos en fraudes, Zdero ordenó la intervención del Instituto de Agricultura Familias y Economía Popular y a partir de ello, salieron a flote casi 400 denuncias contra funcionarios del ex Gobernador.
Tras el cambio de gestión a nivel provincial, distintos hechos de corrupción salieron a la luz. Uno de estos casos fue el del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, que tras la intervención de Clelia Ávila se dieron a conocer cerca de 400 denuncias contra la gestión del extutilar del organismo Mauro Andión y de otra funcionaria, ambos vinculados al exgobernador Jorge Milton Capitanich.
Según la información dada a conocer por Ávila, sumado a las denuncias que ya están en la Justicia, se catalogó al organismo como una "usina de corrupción", donde distintos beneficiarios habían expuesto ser extorsionados por la gestión Andión y de María Laura Moreno.
Es preciso destacar que luego de la asunción de Zdero, una de las principales medidas realizadas fue la presentación de un proyecto de ley para la disolución del organismo, que tras una sesión exprés se resolvió con los votos tanto del oficialismo como de la oposición.
Según las declaraciones del Secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, se recortó con los fondos entregados de manera irregular a organizaciones sociales. Incluso, en una conferencia de prensa recordó que la gestión del ex gobernador Capitanich destinó en 2023 16.500 millones de pesos al organismo para el funcionamiento de los consorcios rurales y ladrilleros, los cuales percibieron solo un 2 por ciento de ese monto. "Solo 190 millones fueron a los pequeños productores y 154 millones a los ladrilleros, lo que representa un 1 por ciento para cada sector; el 98 por ciento restante se dilapidó", graficó Gutiérrez.
Luego, había enfatizado que todo el dinero fue destinado a cerca de 500 organizaciones sociales, casi todas creadas irregularmente para ese fin, lo que derivó también en la intervención del área de Personas Jurídicas del Chaco.
La disolución del organismo contó con 17 votos de los representantes de Juntos por el Cambio -actual oficialismo- y de la Corriente de Expresión Renovada -CER-.
En paralelo a la iniciativa del Gobierno, la Justicia provincial también emprendió las correspondientes investigaciones para constatar los presuntos hechos de corrupción que fueron denunciados y que habían salido a la luz gracias a la intervención del organismo. En ese marco, fueron varios los funcionarios del ex gobernador los que se vieron envuelto en el caso.
Uno de ellos fue, Mauro Andión, quien fue el primero que, de manera concreta fue detenido por un presunto hecho de malversación de fondos. Este sujeto que en realidad se llama Carlos Mauricio "Mauro" Andión, es oriundo de Pampa del Infierno y es hijo del exintendente de dicha localidad. Tiene trayectoria en política, hasta fue el presidente del Concejo Municipal y candidato a intendente en 2019.También presidió el club Sportivo Pampa Atlético y Cultural en junio de 2018.
La segunda persona implicada, quien también fue detenida fue María Laura Moreno, Coordinadora de Gestión de Soluciones habitacionales que, junto con Andión, habrían hecho posible las cientas de estafas que posteriormente fueron denunciadas. Los dos representantes del organismo fuero imputados por violación de deberes de funcionarios públicos, y como partícipes necesarios de fraude contra la administración pública.
En relación a las palabras de la exinterventora del instituto, mencionó que la culpa de debería caer de manera exclusiva sobre estas dos personas, sino que también estarían vinculados dos personas de alto rango de la gestión de Jorge Milton Capitanich. Una de ellas es la ex ministra de Ambiente y Ordenamiento Territorial Sostenible, Marta Soneira, y el ex inspector general de personería Jurídica de la provincia.
Tras ambas aprehensiones, y luego de que preste declaraciones y solamente describa el funcionamiento del organismo, la Justicia, precisamente el Equipo Fiscal Especial, compuesto por Graciela Griffith Barreto, Francisco Asís De Obaldía Eyseric y Víctor Recio dictó la prisión preventiva en contra de Carlos Mauricio Andión y María Laura Moreno, posibles autores del delito de violación de los deberes de funcionarios públicos y participes necesarios del delito de fraude contra la administración pública, en cuarenta y cuatro hechos, todo en concurso real. En tanto siguen colectándose pruebas ya la investigación está en sus momentos iniciales.
La decisión de los fiscales sobre Andión y Moreno -quienes fueron detenidos el 2 de octubre- se enmarca dentro de la investigación penal preparatoria en relación a los expedientes de convenios entre las organizaciones sociales y el IAFEP. Estas maniobras habrían afectado fondos públicos provinciales, y las obras vinculadas a los acuerdos fueron, en su mayoría, no ejecutadas o apenas ejecutadas en un 10% en relación con los fondos percibidos por las agrupaciones sociales.
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