El lunes retomarán el juicio contra los policías acusados de agredir a un joven con Síndrome de Down
Tras la suspensión de este martes, finalmente acordaron que la nueva fecha para la audiencia sea el próximo lunes 9.
Este martes, en la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña debió iniciarse el juicio que se le sigue a tres policías por supuestos apremios ilegales y privación ilegítima de la libertad. La víctima en este caso fue un joven de 22 años con Síndrome de Down, Emanuel Agudo.
Con la presencia de las partes, los abogados defensores Cesar Collado y Rodrigo Merele, el querellante particular Ramiro Cabaña y el subsecretario de Derechos Humanos acompañado por el abogado Maximiliano Almirón y dos de los imputados se abrió la audiencia que minutos más tarde debió ser suspendida.
Finalmente, la nueva audiencia se realizará el próximo lunes para escuchar a los testigos que estaban previstos para el primer día, para luego continuar el próximo jueves 12, mientras que los alegatos y posterior sentencia serán en febrero de 2025.
Uno de los motivos de esta suspensión estaba relacionado con un pedido que había realizado el fiscal Carlos Rescala, designado para la causa por la ausencia de la Fiscal de Derechos Humanos, Silvia Sluzar.
Rescala recibió la noticia que iba a estar el frente del Ministerio Público en esta causa el lunes al mediodía y, ante la imposibilidad material de poder interiorizarse del mismo y de superponerse otra audiencia en la Cámara Criminal del cual es titular, solicitó la suspensión de la audiencia.
Por otro lado, uno de los imputados en la causa, Maximiliano Ponce, presentó este lunes 2 a las 21.12 un certificado médico con fecha del 3 de diciembre justificando su ausencia en la audiencia, en la que tampoco estuvo su abogada Natalia Ruiz Díaz.
Sobre el particular, el juez Rodolfo Lineras ordenó la inmediata detención del policía, quedando a su disposición debiendo ser alojado en Comisaría Sexta o en la División Investigaciones u otro lugar que reúna las condiciones de seguridad pertinente.
En relación a la emisión del certificado médico y ante la existencia de un posible delito de acción pública se va a correr vista al fiscal en turno para que investigue al profesional que emitió el certificado.
