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Sábado 22 de Febrero, 2025
 
 
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El STJ ratificó la validez de la licitación de casinos en el interior del Chaco

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la decisión de la Cámara de Apelaciones, que había anulado el fallo del juez Sinkovich.

Imagen ilustrativa.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia resolvió este martes rechazar un recurso de inconstitucionalidad presentado por empleados de Lotería Chaqueña contra un fallo de la Cámara Cuarta de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, poniendo fin a un extenso proceso judicial relacionado con la licitación y concesión de casinos en el interior provincial.

El caso se originó en una acción de amparo impulsada por empleados de Lotería Chaqueña, quienes cuestionaron la licitación pública N.º 042/14 para la explotación y administración de casinos y salas de tragamonedas. Los actos administrativos impugnados incluían el decreto provincial 303/14, la resolución 199/15 del directorio de Lotería y el decreto 127/15, que aprobaba el contrato con la empresa adjudicataria Casinos del Litoral S.A.

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Los demandantes argumentaban que estas medidas afectarían negativamente el Fondo de Estímulo que perciben como empleados y alegaron que los actos administrativos vulneraban derechos constitucionales al no prever un perjuicio concreto y diferenciado.

Sin embargo, el STJ concluyó que los actores no demostraron un daño tangible e inmediato, requisito esencial para la acción de amparo. Además, el tribunal reafirmó que los actos administrativos cuestionados no configuraban un caso de gravedad extrema que ameritara su intervención extraordinaria.

El fallo también destacó la falta de legitimación activa de los empleados y legisladores para impulsar la acción de amparo. Asimismo, señaló que las pruebas, incluidas las pericias contables, no acreditaban daños concretos ni perjuicios a las arcas estatales.

El caso había sido inicialmente fallado por el juez Jorge Sinkovich, quien, tras una demora de más de siete años, resolvió en agosto de 2022 a favor de los demandantes. No obstante, los expedientes llegaron a la Cámara de Apelaciones recién en noviembre de 2023, pese a que los plazos establecidos para este proceso no debían superar los dos días.

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