Sabadini contra tres secretarios judiciales por supuesto uso de documentación falsa y maltrato laboral
El fiscal federal presentó un requerimiento de instrucción contra Javier Pastore, Agustín Blanco y Vanesa Bottegoni por nueve hechos de falsedad documental, uso de documento falso y coacciones, supuestamente cometidos bajo la orden del juez federal Ricardo Mianovich.
La Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, solicitó la instrucción de un expediente contra los secretarios judiciales Fernando Javier Pastore, Agustín Blanco y Vanesa Bottegoni por su presunta implicación en una serie de delitos, entre los que se incluyen falsedad documental, uso de documentos falsificados y coacciones, en relación con un sumario administrativo iniciado de manera irregular en el juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. El sumario fue orquestado durante la subrogancia del juez Ricardo Mianovich, y afectó principalmente a dos funcionarios de la secretaría penal, los secretarios Carlos Opat y Hemilce Núñez Sánchez.
El requerimiento de instrucción señala que el sumario administrativo fue inventado con el fin de perseguir y desestabilizar a los empleados del juzgado, especialmente aquellos que habían sido testigos en la causa contra el ex conjuez Miguel Mariano Aranda, acusado de graves delitos como asociación ilícita, tráfico de influencias y prevaricato. Según la fiscalía, esta maniobra también habría tenido como objetivo crear vacantes en la secretaría penal para colocar a personas afines al círculo de poder de Mianovich y sus colaboradores.
El comportamiento de Pastore y Blanco fue descrito como abusivo y despótico, con un patrón de hostigamiento y maltrato hacia los empleados, particularmente hacia las mujeres. Las investigaciones apuntan a que el trato diferenciado y el acoso laboral se habrían extendido por meses, afectando gravemente la salud laboral y emocional de los empleados. Los testimonios recabados por la fiscalía evidencian que los funcionarios mencionados sometieron a las trabajadoras a jornadas laborales interminables, muchas veces hasta altas horas de la noche, con tareas que no se exigían en otras secretarías.
En particular, las empleadas de la secretaría penal habrían sido objeto de un trato misógino y hostil, que se manifestó en comentarios despectivos y humillantes, así como en el cuestionamiento constante de sus capacidades y roles laborales. Además, se denuncia la invasión a la privacidad de los empleados, incluyendo la preocupación por sus patrimonios personales, como el tipo de vehículos que conducían, lo que alimentaba un ambiente de persecución constante.
Uno de los hechos más graves que se resalta en el requerimiento es la manipulación de fechas y documentos dentro del sumario administrativo, que parece haber sido diseñado con la intención de incriminar a Opat y Núñez Sánchez sin darles la oportunidad de defenderse adecuadamente. En algunos casos, incluso se omitieron pruebas que habrían favorecido a los acusados. Los testimonios apuntan a que el sumario fue utilizado como una herramienta de coacción, una especie de amenaza para el resto de los empleados, quienes temían ser acusados de manera similar si se atrevían a denunciar los abusos.
El requerimiento también destaca el rol de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia en este contexto. A pesar de las denuncias de maltrato, no se tomaron medidas adecuadas para supervisar las acciones de los funcionarios del juzgado de Presidencia Roque Sáenz Peña. Señala el representante del MPF que, incluso con el conocimiento previo de las actitudes de Pastore, la jueza Rocío Alcalá, quien "acompañó a Mianovich en su subrogancia, no intervino de manera efectiva para frenar los abusos", lo que a su criterio permitió que los empleados siguieran "sometidos a un régimen de terror laboral".
La situación de los empleados del juzgado, especialmente las mujeres, fue considerada por la fiscalía como un "claro ejemplo de violencia de género en el ámbito judicial, un fenómeno que persiste a pesar de las leyes y políticas públicas que buscan erradicar la discriminación y el abuso en el lugar de trabajo". Y que, según la fiscalía, la falta de acción por parte de la Cámara Federal y la indiferencia mostrada por las autoridades superiores refuerzan la sensación de impunidad que reina en el juzgado, dejando a los empleados "atrapados en un sistema de represalias y violencia laboral".
