El rol que tuvo cada ex funcionario de Capitanich en el supuesto fraude contra la administración pública
Patricio Sabadini solicitó la ampliación del requerimiento judicial contra dos empresarios de Charata, una escribana y la exministra de Ambiente y Ordenamiento Territorial Sostenible, Marta Soneira en el marco de la causa que involucra a la familia de "Tito" López.
En el contexto de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal sobre Ramón "Tito" López, el fiscal Patricio Sabadini amplió la requisitoria en la causa que involucra asociación ilícita y lavado de activos. La investigación ahora se centra en determinar la implicación de exfuncionarios del gobierno de Jorge Capitanich y otros empresarios vinculados al caso, que afecta directamente a la familia piquetera.
Según el escrito al que tuvo acceso Diario TAG, la requisitoria se extiende a Walter Emanuel Brua y Diego Hernán Brua, quienes ocupan los cargos de presidente y director, respectivamente, de las sociedades anónimas Smart Capital S.A. y Brua Agropecuaria S.A. Además, la imputación recae sobre la escribana pública María Luisa, de la ciudad de Charata.
El fiscal también pidió investigar a los exfuncionarios del Instituto de Colonización que estaban en funciones durante el período en cuestión: Marta Elena Soneira, Walter Hugo Ferreyra, Raúl Jhon Paris y Cinthia Noemí Kaplan. La requisitoria busca identificar a cualquier otra persona que haya participado como coautores, cómplices o encubridores en los hechos investigados.
EL ROL DE LOS EX FUNCIONARIOS:
El fiscal Sabadini destacó la complicidad de los exfuncionarios del Instituto de Colonización, quienes tenían la responsabilidad de garantizar que las tierras fiscales se adjudicaran conforme a la normativa vigente. Sin embargo, se alega que ignoraron las irregularidades evidentes en el proceso.
- Marta Elena Soneira: Como presidenta del Instituto, Soneira firmó varias resoluciones que otorgaron títulos de propiedad a miembros de la familia López, a pesar de las irregularidades.
- Walter Hugo Ferreyra: Firmó resoluciones que beneficiaron a Ramón Alberto López, facilitando el acceso a tierras sin realizar los controles correspondientes.
- Cinthia Noemí Kaplan: Como vocal del Instituto, también firmó resoluciones que contravinieron las normativas sobre la adjudicación de tierras fiscales.
La denuncia indica que las tierras fueron concedidas con el objetivo de fomentar el desarrollo productivo, pero estos fines no se cumplieron, y muchas de las tierras adjudicadas se mantienen en estado de abandono.
PRÓXIMOS PASOS:
El fiscal solicitó al juez que cite a los imputados para prestar declaración indagatoria y que se obtengan las resoluciones de designación de los funcionarios involucrados.
Además, el Tribunal busca proteger los derechos del Estado en la acción principal, evitando la consolidación de la transferencia de dominio de los inmuebles a terceros hasta que se resuelva el fondo del asunto. Por lo tanto, los López no podrán disponer de las hectáreas que el Estado ahora intenta recuperar.
