Piden la imputación por fraude a exfuncionarios de Capitanich vinculados en la causa contra "Tito" López
El fiscal federal, Patricio Sabadini, pidió la ampliación del requerimiento de la justicia a dos empresarios de Charata, una escribana y la ex ministra de Ambiente y Ordenamiento Territorial Sostenible, Marta Soniera, por la causa que involucra a la familia piquetera.
En el marco de la investigación de la Justicia Federal por la causa de Ramón "Tito" López, el fiscal Patricio Sabadini amplió la requisitoria y busca determinar el grado de incidencia de exfuncionarios de Capitanich y otros empresarios vinculados al caso contra la familia piquetera.
Según el escrito dado a conocer, el fiscal amplió la requisitoria por la causa de asociación ilícita y lavado de activos del referente piquetero a: Walter Emanuel Brua, Diego Hernán Brua siendo éstos presidente y director respectivamente, de la sociedad anónima Smart Capital S.A y Brua Agropecuaria S.A.
Además, la imputación también cayó contra la Escribana Pública María Luisa de la ciudad de Charata y pidió que sean investigados los "funcionarios públicos a cargo -en la fecha de los hechos del ex Instituto de Colonización, Marta Elena Sonerira, Walter Hugo Ferreyra, Raúl Jhon Paris y Cinthia Noemi Kaplan, como así contra toda otra persona que posteriormente se determine haya participado en el carácter de coautor/es, cómplice/s, encubridor/es del hecho que se investiga".
Según el escrito al que tuvo accedo Diario TAG, los empresarios Brua y la escribana estarían implicados en un delito de fraude a la administración pública como co-autores los dos primeros y como partícipe necesaria la letrada.
"Las conductas desplegadas por los Sres. Walter Emanuel Brua, Diego Hernán Brua, importaron "prima facie" una "participación necesaria" en orden a la comisión del delito de lavado de activos", expresó el fiscal en el texto.
Por su parte, Marta Soneira, Walter Hugo Ferreyra, Raúl Jhon Paris y Cinthia Kaplan, serían investigados por los de delitos de fraude a la administración publica, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de "co- autores".
Es preciso destacar que el pedido del fiscal se centra en que los López, según el Estado, habrían cedido las tierras a Walter Emanuel Brúa y Diego Hernán Brúa mediante contratos de leasing, lo que les permitiría adquirir las cerca de 3000 hectáreas brindadas por la provincia a la familia piquetera una vez finalizado el plazo de prohibición de venta, configurando así un negocio inmobiliario encubierto.
Para evitar esa cesión, el Tribunal busca proteger los derechos del Estado en la acción principal, evitando la consolidación de la transferencia de dominio de los inmuebles a terceros hasta que se resuelva el fondo del asunto. Por lo tanto, los López no podrán disponer de las hectáreas que el Estado ahora intenta recuperar.
