"Tito" López pierde poder sobre las tierras públicas que habría obtenido de forma irregular
Se trata de una medida cautelar que hizo lugar a no innovar en respuesta a una acción presentada por la Fiscalía de Estado, relacionada con la supuesta entrega irregular de tierras al dirigente piquetero.
La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo aceptó una medida cautelar de no innovar en una acción de lesividad promovida por la Fiscalía de Estado, lo que impide cualquier modificación sobre un conjunto de tierras fiscales que habían sido otorgadas al dirigente piquetero Ramón "Tito" López en el Departamento General Güemes. Esta decisión se basa en la detección de irregularidades en los procesos de adjudicación y venta de estos inmuebles.
De esta manera, Alejandro Herlein, Fiscal de Estado, solicitó la suspensión de la titularización de tierras donde se habrían cometido presuntas violaciones a la Ley 471-P y a la Constitución Provincial. Entre las propiedades en cuestión, se encuentran parcelas asignadas a "Tito", su hijo Daniel Orlando López y una nuera. Se alega que los beneficiarios no utilizaron las tierras para su propósito productivo, sino que las emplearon en actividades inmobiliarias mediante contratos de leasing con terceros, contraviniendo la normativa vigente sobre tierras fiscales.
La demanda busca declarar la lesividad de los actos administrativos que permitieron la adjudicación y venta de aproximadamente 2.667 hectáreas, ya que el uso que les dieron los López habría generado un perjuicio patrimonial al Estado Provincial. Al aceptar la medida cautelar, el Tribunal consideró que había "verosimilitud en el derecho invocado", tras identificar un posible desvío en el uso de estas tierras públicas. Además, se justificó el "peligro en la demora" dado que, si no se suspenden las operaciones, las tierras podrían ser transferidas a manos privadas una vez transcurridos los diez años de prohibición de venta estipulados en la Ley 471-P.
El conflicto se centra en que, según el Estado, los adjudicatarios habrían cedido las tierras a Walter Emanuel Brúa y Diego Hernán Brúa mediante contratos de leasing, lo que les permitiría adquirirlas una vez finalizado el plazo de prohibición de venta, configurando así un negocio inmobiliario encubierto. Con la aceptación de la medida cautelar, el Tribunal busca proteger los derechos del Estado en la acción principal, evitando la consolidación de la transferencia de dominio de los inmuebles a terceros hasta que se resuelva el fondo del asunto. Por lo tanto, los López no podrán disponer de las hectáreas que el Estado ahora intenta recuperar.
