Comenzó el juicio contra Leonardo Cositorto por el caso Generación Zoe en Corrientes
Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, enfrentó hoy su primer juicio oral en la ciudad de Goya, Corrientes. Tras ser trasladado desde el penal de Bouwer en Córdoba, ingresó a la sala de audiencias con chaleco antibalas y bajo una fuerte custodia. El proceso, que se extenderá hasta el 11 de diciembre, contará con 166 testigos.
Cositorto, junto a otros referentes de la organización, enfrenta cargos por estafa y asociación ilícita. El tribunal está presidido por el juez Ricardo Carbajal, mientras que la fiscalía está representada por Juan Carlos Castillo y Rubén Barry.
Generación Zoe, un esquema de inversión que atrajo a miles de personas, tiene varias causas en distintas provincias. Cositorto fue arrestado en 2022 en República Dominicana tras estar prófugo, y enfrenta múltiples acusaciones por defraudar a inversores. A pesar de las denuncias, el acusado mantuvo su inocencia, señalando a la fiscalía como responsable de sus problemas financieros.
¿QUIÉN ERA LEONARDO COSITORTO?
Se hizo conocido por su asociación con Generación Zoe, una organización que fue acusada de operar bajo un esquema de estafa piramidal. Las autoridades iniciaron investigaciones sobre las actividades de la empresa, que prometía altos retornos de inversión en distintos proyectos. Varios inversores denunciaron pérdidas significativas, lo que atrajo la atención de la justicia. Cositorto fue detenido y enfrenta cargos que incluyen estafa y asociación ilícita. Este caso generó un intenso debate sobre las prácticas financieras y la protección de los inversores en el marco legal actual.
La Generación Zoe era una organización que operaba principalmente en Argentina, promoviendo servicios de asesoramiento financiero, desarrollo personal y empresarial. Se presentaba como una plataforma de inversión ofreciendo altos retornos a través de diferentes proyectos y negocios. Sin embargo, fue acusada de funcionar como un esquema de estafa piramidal, donde los pagos a los inversores iniciales dependían del dinero aportado por nuevos inversores. Esto llevó a múltiples denuncias por parte de afectados y a la intervención de las autoridades judiciales para investigar las actividades de la organización y sus responsables.
