La Defensoría del Público gasta 10 millones de pesos diarios en capacitar a periodistas denunciados
Una auditoria realizada por el Gobierno reveló que el organismo, creado a partir de la Ley de Medios, destina la mayor parte del presupuesto a capacitaciones a medios y se elaboró un plan para eliminarla.
El Gobierno nacional realizó una auditoria en la Defensoría del Público, creada a partir de la Ley de Medios, se descubrió que el organismo destina gran parte de su presupuesto, de unos 10 millones de pesos diarios, en realizar capacitaciones para empresas de comunicación y periodistas, muchos de los cuales son sistemáticamente denunciados.
Debido a que las quejas siempre son hacia los mismos grupos y profesionales de comunicación, las autoridades nacionales sospechan que en el último tiempo hubo "un sesgo ideológico y una intención de controlar lo que se dice" en la televisión y la radio.
Hasta hace menos de un mes, la entidad estaba a cargo de Miriam Lewin, quien asumió en plena administración de Alberto Fernández y fue reemplazada por la ex diputada del PRO Soher El Sukaria, quien inició un relevamiento tanto del personal como de los gastos.
Según un informe, la Defensoría destina 270 millones de pesos mensuales solo en los sueldos de los 120 empleados de planta permanente y otros 25 más, entre Planta Transitoria, contratos y pasantías, con los que cuenta.
La auditoría también indica que se gastan $ 300 millones en el funcionamiento mensual. Esto implica que el organismo demanda una inversión cercana a los 10 millones de pesos diarios, teniendo en cuenta también los costos de alquiler y servicios, mientras que para el 2025 tiene un presupuesto estimado de $ 4.400 millones, de los cuales el 20% se financia con aportes del Tesoro. Sin embargo, en el Gobierno creen que esto será difícil de cumplir.
La entidad fue creada como parte de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y una de sus funciones principales es la de recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de radio, televisión y otros medios.
Sin embargo, desde su concepción, ninguna de las actuaciones que estuvieron en su órbita llegaron al ámbito de la Justicia, sino que fueron descartadas o terminaron en recomendaciones y dictámenes de la propia Defensoría, instando a las empresas involucradas a que "reflexionen y revisen cómo trabajan".
De hecho, a las nuevas autoridades les llamó la atención que, a pesar de que uno de sus objetivos centrales es el de "promover, difundir y defender el Derecho a la Comunicación democrática de las audiencias", la gran mayoría del personal disponible no está en el área legal, sino en el de capacitación y administración.
En cuanto a los denunciantes, la administración se detectó que el 70% de ellos era público de la provincia de Buenos Aires y que, generalmente, eran los mismos usuarios quienes presentaban las quejas, siempre contra los mismos medios y periodistas.
La lista de los comunicadores más denunciados está encabezada por Viviana Canosa y Ángel Pedro "Baby" Etchecopar, con una gran cantidad de presentaciones en su contra cada uno, seguidos por Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Jorge Lanata, Rolando Graña y Alejandro Fantino.
La nómina se completa con Martin Candalaft, Bautista "Beto" Casella, Nelson Castro, Diego Sehinkman, Marcelo Bonelli, Edgardo Alfano, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van Der Kooy y Ángel de Brito.
En el Gobierno, en tanto, hay una idea de eliminar el organismo e incluso este fue uno de los temas de conversación que tuvo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su última reunión con diputados del PRO en la Casa Rosada.
Más precisamente fue la legisladora Silvana Giudici la que le presentó al funcionario un proyecto de ley en el que está trabajando y que plantea la disolución de esa entidad y la transferencia del "personal que compone la planta permanente, los bienes, presupuesto, activos y patrimonio" a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
