La causa "Tito" López genera más polémica: el piquetero denunció al fiscal Sabadini
Según la acusación, el fiscal habría ocultado información clave en una investigación por lavado de dinero, lo que afectó el derecho de defensa de López en una causa por eximición de prisión.
La causa de la familia López sigue dando que hablar, en esta oportunidad, Ramón Alberto "Tito" López, acusado de fraude contra la administración pública y lavado de activos, con el patrocinio letrado de Ismael Omar Zapata, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal contra el fiscal federal, Patricio Sabadini, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.
La acusación se centra en los hechos ocurridos en torno a una solicitud de eximición de prisión presentada por López en un expediente relacionado con una investigación por presunto lavado de dinero.
Según el denunciante, en agosto de 2024 presentó un escrito ante el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 solicitando la eximición de prisión. El fiscal Sabadini respondió al juez afirmando que en la fiscalía "no tramita causa penal ni se ha efectuado imputación" contra López, lo que derivó en que el juez rechazara la petición.
No obstante, López alega que días después, el 11 de septiembre, Sabadini solicitó su imputación y detención, lo que generó dudas sobre la veracidad de la respuesta original del fiscal. Según la denuncia, esta acción habría impedido a la defensa de López actuar adecuadamente en el ejercicio del derecho a la defensa en juicio.
La denuncia también sostiene que Sabadini ocultó información relevante en su respuesta al juez, lo que "habría alterado el desarrollo normal del proceso" y perjudicado el derecho de defensa de López y su familia. Además, la presentación judicial incluye solicitudes de prueba, entre ellas la obtención de copias certificadas de los expedientes en cuestión y publicaciones periodísticas que hacen referencia a la investigación.
Finalmente, López pide que se investigue la conducta del fiscal y se eleven las actuaciones al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, de corresponder. El caso ahora está en manos del fiscal general federal, Federico Carniel, quien deberá evaluar la procedencia de las actuaciones solicitadas.
