La Justicia argentina solicitó la captura internacional de Nicolás Maduro
La solicitud de los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe se presentó tras una audiencia en Comodoro Py con testimonios de víctimas del régimen. Patricia Bullrich y Waldo Wolff, promotor de la causa, estuvieron presentes.
Los fiscales Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe solicitaron a la Cámara Federal de Buenos Aires que se ordene la indagatoria y captura de Nicolás Maduro, su mano derecha Diosdado Cabello, y otros 30 militares y agentes de inteligencia acusados de crímenes sistemáticos como torturas, secuestros y ejecuciones en Venezuela. Este pedido surge a partir de denuncias realizadas por víctimas de estos abusos, que aprovecharon el principio de justicia universal para presentar sus casos en Argentina, donde seis venezolanos, incluido un fiscal que sufrió torturas, testificaron sobre la gravedad de los crímenes.
La audiencia, que fue notable por la presencia de figuras gubernamentales como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro porteño Waldo Wolff, además de otros representantes políticos, se llevó a cabo en un salón de juicios orales debido a la cantidad de participantes. Los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, que están a cargo del caso, decidieron restringir la toma de fotografías de las víctimas por razones de seguridad. Las declaraciones incluían testimonios impactantes sobre la violencia sistemática del régimen venezolano y el pedido a la justicia argentina para intervenir.
El juez Sebastián Ramos había inicialmente rechazado el pedido de indagatoria por falta de diligencias completas, pero la Cámara Federal decidió continuar la investigación bajo el principio de justicia universal. El fiscal Stornelli, apoyado por Agüero Iturbe y otras autoridades del Ministerio Público, solicitó medidas cautelares urgentes, incluida la captura internacional de los acusados. Este proceso marca una oportunidad para que la justicia argentina actúe frente a crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, según el principio jurídico que permite a los estados enjuiciar crímenes graves independientemente de dónde se hayan cometido.
