Fundaciones sin empleados, ni inmuebles pero que facturaban millones al Estado: las maniobras de los López
La familia piquetera encabezada por Ramón "Tito" López está acusada por lavado de activos. La investigación sacó a la luz tres fundaciones presididas por los hijos del referente que facturaron en un solo año más de 146.000.000 de pesos.
Según la información recabada por el Fiscal Federal Patricio Sabadini, una de las consideraciones tomadas sobre los presuntos delitos de lavados de activos desarrollados por la familia López fueron los ingresos recibidos desde el Instituto de Agricultura y Economía Popular de la provincia.
Este organismo que fue dado de baja por la gestión de Leandro Zdero habría entregado fondos a las fundaciones que eran presididas por los hijos del referente piquetero.
En el escrito, el fiscal a cargo del caso expuso: "Se constata la posible comisión de delitos de acción pública en orden al delito de fraude a la administración pública y/u otros que comprometen los recursos del erario público provincial y la responsabilidad de sus funcionarios, relacionados a irregularidades en la gestión y aplicación de fondos provenientes del IAFEP principalmente, entre otras reparticiones públicas, por parte de las fundaciones de la familia López"
Asimismo, especifica que estas serían: "Fundación Los Dueños de la Raza, Fundación Buen Vivir y Trabajo y Fundación Construyendo País, a partir de cuya actividad ilícita, podría colegirse la obtención de importantes ganancias espurias".
POSIBLES ACCIONES FRAUDULENTAS
Fundación Dueños De La Raza
Presidida por David Alberto López. Inició el 24 de mayo del 2019 y fue dada de alta en AFIP en agosto del 2019.
Esta fundación en el período 2020 facturó únicamente al Ministerio de Gobierno y Trabajo por un monto total de $ 509.265,66, en el período 2021 realizó 20 facturas de $1 cada una como consumidor final y una al Ministerio de Gobierno y trabajo un monto total de $ 59.913,61.
En el período 2022 emitió recibos a personas físicas varias por un monto de $ 15.000 a c/u totalizando $ 300.000, y 7 facturas al IAFEP por un monto total de $ 2.610.000, totalizando el período en $ 2.910.000, y en el 2023 facturó únicamente al IAFEP por un monto total de $ 71.007.984.
Cabe mencionar que en el 2020 no recibieron facturas, mientras que en el 2021 fueron por un total de $ 103.150; en el 2022 por $ 907.250,12 y en el 2023 por $ 636.520.
Ante esta situación, según el escrito de Sabadini "queda en manifiesto la disparidad numérica entre las facturaciones emitidas (ingresos) con las compras/gastos producida en los periodos, aunque con mayor relevancia se aprecia en los años 2022 y 2023".
FUNDACION BUEN VIVIR Y TRABAJO
El fundador y presidente es Walter Ramón López, otro de los hijos de "Tito". La fecha de inicio de la actividad es del 23 de enero del 2017, pero recién fue presentada en AFIP cinco meses después. Al igual que la fundación anterior, el domicilio fiscal es la calle Mitre 1300.
Esta fundación en el período del 2017 al 2019 facturo únicamente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, siendo los siguientes montos: período 2017 $ 679.250, período 2018 $ 339.625, período 2019 $ 67.428,11. En el período 2020 y 2021 emitió facturas al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y al Ministerio de Gobierno y Trabajo, donde en el 2020 facturó en total $ 2.143.956,78, y en el 2021 $ 1.739.864,28.
Es preciso resaltar que, a partir del período 2022 facturo únicamente al IAFEP, por $ 12.096.289 en el 2022, y por $ 29.540.708 en el 2023.
Otro dato a destacar es que, tanto en 2017 como en 2022, no se recibió ninguna factura. En 2018, las facturas sumaron $ 105.000; en 2019, $ 145.000; en 2020, $ 28.089; en 2021, $ 424.482,67; y en 2023, $ 388.250.
"Queda en manifiesto la disparidad numérica entre las facturaciones emitidas (ingresos) con las compras/gastos producida en los periodos, aunque con mayor relevancia se aprecia en los años 2020 y 2023, destacándose que en el período 2022 los gastos/compras fueron NULOS contra facturas emitidas por $ 12.096.289 al IAFEP", expresa el documento redactado por la Justicia. Incluso, define que la fundación no cuenta con con bienes muebles, inmuebles, ni empleados para poder funcionar.
FUNDACION CONSTRUYENDO PAÍS
El fundador y presidente Daniel Orlando López, el tercero de los hijos del referente piquetero. La organización tuvo como fecha de inicio el 15 de mayo de 2022 y también con el domicilio fiscal en Mitre 1300. Fue dada de alta en Afip dos meses después de su inicio.
"Llama la atención que esta fundación comenzó a facturar al IAFEP de forma tan pronta, atento a que su alta en AFIP fue en Julio/2022 y la primera factura emitida fue a dicho organismo en fecha 16/09/2022", agrega el escrito.
Según la información brindada por los entes de control, las primeras facturas emitidas fueron por $ 570.000, mientras que en el 2023 esta suma se elevó hasta los $ 46.605.004."En relación a compras y gastos, en el período 2022 no se recepcionaron facturas y en el 2023 si, por un monto de $ 101.080", sentencia el texto. Incluso, detalla: "La fundación no presenta bienes, ni empleados y el domicilio fiscal es el mismo que declara toda la familia".
"De acuerdo a lo expuesto, queda en evidencia que la creación de esta fundación fue a los fines de la emisión de facturas apócrifas que documentaban operaciones- venta de bienes o prestaciones de servicios- inexistentes, llamando la atención los exorbitantes monto de dinero facturado al Iafep -Instituto De Agricultura Familiar Y Economía Popular-, no surgiendo acreditado gastos o compras que demuestren la prestación efectiva de algún servicio o bien, en tanto que las únicas facturas registradas estarían relacionadas a la prestación de servicio contable (contalcon srl y zibecchi patricia raquel)", agrega el Fiscal.
"´Tito´ Ramón Alberto López, su esposa Librada Beatriz Romero, hijos: David Alberto López, Walter Ramón López, Daniel Orlando López y nuera Devora Liliana Acosta habrían conformado una asociación ilícita que se ha ido consolidando a lo largo de los años- tendientes al apoderamiento ilegal de miles de hectáreas de inmuebles rurales que constituyen tierras fiscales de propiedad del estado provincial, con fines exclusivos de lucro personal, entre otras actividades ilícitas indeterminadas", expone el documento redactado por la fiscalía.
