La Justicia amplió la acusación a Fanta, su jury parece no concretarse y los trabajadores temen venganza
La jueza Teresita Fanta enfrenta un jury en su contra al que ella no asistirá porque considera que se realiza con "fines persecutorios", quienes la denunciaron por malos tratos temen venganza, tal como ocurrió en otro caso.
Luego del jury fallido a Teresita Fanta, el procurador general de la provincia Jorge Canteros amplió la acusación contra la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 22 de Resistencia, ante el Consejo de la Magistratura. La presentación se fundamenta en la causal prevista por el artículo 8 inciso b) de la Ley 33-B, referida a la inhabilidad física o mental.
Según lo manifestado por el procurador, a partir de las constancias incorporadas en la causa, "la Dra. Teresita María Beatriz Fanta padece neurosis histérica, tiroiditis autoinmune de Hashimoto, escoliosis y fibromialgia, lo que provoca graves trastornos en su salud psicofísica, produciéndole una incapacidad del 40% de carácter permanente". Esta condición, que fue determinada por el INSSSEP, llevó a que la magistrada pudiera acceder al beneficio jubilatorio por invalidez, según lo dispuesto en una resolución de abril de este año.
Canteros argumentó en su ampliación, que esta incapacidad "convierte en insostenible la idoneidad de la Dra. Fanta para continuar ejerciendo sus funciones judiciales". En este sentido, sostiene que "las adecuadas condiciones de salud hacen a la idoneidad física y psicológica necesarias para el equilibrio personal que ha de tener quien ejerce la función judicial", subrayando que la salud mental en fundamental para quien ejerce el cargo de juez por las decisiones que toma, por lo que una deficiencia en este ámbito lo inhabilita para el ejercicio del mandato concedido.
El procurador también enfatizó que el mal desempeño, según la jurisprudencia, no requiere la comisión de un delito, sino que basta con la demostración de que el magistrado no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos exigen
El papel de Insssep
Meses después de la denuncia en su contra y a un mes de la acusación formal por "maltrato laboral" y deficiencia en su gestión, Fanta inició el trámite de jubilación anticipada, respaldándose en un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, se le otorgó un 40% de discapacidad de manera transitoria, lo cual resultó insuficiente para acceder al beneficio previsional. Con la nueva gestión del INSSSEP, finalmente obtuvo un dictamen favorable, ya que la magistrada insistió en la aplicación del artículo 75 de la Ley 800h, que permite la jubilación anticipada cuando la persona no puede ser reasignada a otra función compatible.
¿Qué sucederá?
Con el pedido de destitución por inhabilidad física sobreviniente, el jury que tanto tiempo se dilató podría caer, entonces Fanta dejaría su cargo como jubilada y gozando de sus beneficios previsionales.
Si se allana la defensa de la magistrada a la ampliación de la acusación, "podría ser destituida no por la causal de violencia, de maltrato laboral, sino podría por la inhabilidad física, que es una causal prevista en la ley de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios", explicó Canteros.
El temor de los trabajadores
En el juzgado 22, algunos trabajadores expresaron su temor ante la posibilidad de que se reconozca la inhabilidad, lo que, según ellos, podría otorgar a Fanta los elementos a su favor para demandar a sus denunciantes en el futuro, dado que, en su momento, los habría amenazado.
De hecho, hay un antecedente en el Poder Judicial de la provincia que alimenta ese temor. En 2022, Elena Beatriz Macagno presentó una denuncia contra quienes la acusaron de violencia y acoso laboral, lo que resultó en su traslado de la Oficina de Archivos a la Oficina de Política Criminal en 2016. Macagno, quien había sido designada como secretaria de Primera Instancia en 2007, fue finalmente exonerada de responsabilidad administrativa en 2019 tras una investigación que desestimó las acusaciones en su contra.
Fanta no asistiría al jury
El abogado defensor de la jueza Teresita Fanta, Adrián Gaitán, realizó duras acusaciones contra el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento porque para él se estarían violando de manera flagrante las garantías constitucionales de su defendida, lo que configuraría una situación de "gravedad institucional" que podría "repercutir a nivel nacional e internacional".
Así lo afirmó en el escrito que presentó para anunciar que Fanta no asistirá a su jury: "La finalidad desde un principio es la destitución, entonces para que la vamos a exponer a un show, a un circo que quieren armar ellos si igual la van a destituir".
Gaitán denunció que "ni las mínimas formas se han guardado en este proceso", lo que habría impedido el correcto ejercicio del derecho a defensa y el debido proceso.
El defensor no escatimó en críticas hacia el Jurado, al que acusó de actuar de manera "arbitraria" y con una "decisión política de destituir a mi mandante por otros intereses que no son los de la verdad y justicia", por lo que denunció penalmente a los integrantes de la Magistratura por "abuso de autoridad y prevaricato," señalando que "en forma dolosa desobedecieron la ley aplicable para satisfacer esos intereses en contra de mi mandante".
Fanta se siente una "perseguida política e institucional" por parte de una Magistratura y acusa una supuesta imparcialidad del jurado. "No existen elementos de pruebas que avalen la acusación del Procurador", reclama, además de asegurar que no se habría efectuado el control de legalidad por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) respecto a la ley de Prevención y Erradicación de la Violencia en la Administración Pública, señalando que la misma "jamás fue implementada en el presente proceso, a pesar de ser advertida esta situación por el Procurador antes incluso de la Acusación".
