Investigan la entrega de pensiones truchas a cambio de dinero en el interior de la provincia
El caso llevado adelante por el fiscal federal Carlos Amad, por el momento, tiene nueve implicados, entre ellos médicos y el intendente de Taco Pozo. Parte del accionar fraudulento habría quedado asentado en tres cuadernos que fueron arrojados antes de un allanamiento.
La investigación encabezada por el fiscal federal Carlos Amad expuso una red de corrupción y de maniobras delictivas por las cuales se habrían entregado Pensiones No contributivas por Discapacidad a personas que brindaron documentaciones falsas. Todo ello, en la localidad de Taco Pozo. Por el momento hay nueve detenidos, y cuadernos incautados.
Según la investigación, el accionar delictivo de esta banda consistía en reclutar a personas de escasos recursos a quienes les pedían una minúscula cifra de dinero para acceder a los beneficios de una pensión. Todo ello, sin que realmente lo necesitara.
Estas personas estarían listadas y gestionadas desde el Municipio de Taco Pozo, bajo la administración del intendente Carlos Ibáñez y, a cambio de las pensiones, "debían recurrir para apoyar con su voto a de otras formas la gestión".
A la vez, otro de los implicados en la investigación sería el médico Marcos Gustavo Rojas, quien cumplía el rol de Director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima hasta septiembre de 2019. Cabe resaltar que, para el equipo fiscal, es uno de los partícipes determinantes del caso, ya que era quien brindaba los Certificados Médicos Oficiales (CMO), papel imprescindible para que pueda ser entrega la pensión. Es decir, cada uno de estos certificados tenía toda la información del paciente con su respectivo diagnóstico y porcentaje de discapacidad.
Una vez que deja el cargo en el 2019, el bioquímico Miguel Ángel Bilinski asumió la dirección del centro médico hasta febrero de 2023, y según Amad, continuó con las mismas prácticas "fraudulentas de su predecesor".
El PROCESO
Según la investigación, el procedimiento para el otorgamiento de las pensiones involucraba múltiples pasos y verificaciones las cuales eran burladas o manipuladas sistemáticamente.
1.Los certificados: Una vez registrada la persona, los médicos, en primera instancia Rojas y luego Bilinski, emitían los CMO, necesarios para certificar la discapacidad del solicitante.
2.Verificación: Ya con la ficha médica, los expedientes eran elevados a la ANSES, que verificaba los datos filiatorios y la condición social del solicitante utilizando su base de datos. Esta verificación incluía la revisión de los aportes laborales del beneficiario y su entorno familiar.
3.Evaluación: Un asistente social de Anses debía realizar una evaluación del estado de la vulnerabilidad del solicitante. Este era uno de los pasos que era sistemáticamente obviado o manipulado.
4.Verificación en el Agencia Nacional De Discapacidad: finalmente, el expediente era enviado a ANDIS, que verificaba si el médico firmante estaba registrado en la Red Federal de registro de profesionales de la salud (REFEPS) y si el hospital estaba en la Red Federal de Establecimientos de Salud (REFES). La directora de ANDIS declaró que su organismo solo tenía la función de verificar estos registros.
Para Amad, "la ANDIS solo es un organismo más que depende y fue creado por el Poder Ejecutivo Nacional, como tantos en este país que no cumplen ninguna función trascendental, basta observar cómo es que nunca advirtieron cómo en un pueblo tan pequeño como Taco Pozo pudieran registrarse en sólo un año 662 PNC".
CUADERNOS INCAUTADOS
Ya librada la investigación, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio de María Estela Luna, secretaria del médico Rojas. En el operativo que tuvo lugar el 9 de agosto del 2023, se incautaron dispositivos electrónicos, historias clínicas y tres cuadernos donde había registro de la presunta actividad delictiva.
Es preciso destacar que, fueron los vecinos de Luna quienes brindaron los cuadernos a la Justicia, ya que habían sido arrojados por la mujer hacia la casa contigua, minutos antes de la llegada de la policía. Todos contenían información vital sobre el fraude.
La propia imputada fue quien reconoció haber arrojado los papeles y los tres cuadernos. Este hecho para el fiscal del caso da a "entender su reconocimiento del obrar ilícito en el que estaba involucrada, de lo contrario no hubiera procedido de tal forma".
Cuaderno azul, de 50 hojas, contenía claves y usuarios de seguridad sociales de ANSES, esenciales para la apertura de expedientes de PNC. Este hallazgo demostró que los involucrados tenían acceso directo a información confidencial y que, además, podían manipular el sistema para otorgar las pensiones.
Dentro del cuaderno rojo, se registraban los montos pagados por los beneficiarios, las cancelaciones y las deudas pendientes. Asimismo, se anotaban las patologías asignadas a cada persona "indicando cómo se manipulaban los diagnósticos médicos para justificar las pensiones".
El tercer cuaderno, que era de color amarillo y de 194 hojas de marca Rivadavia, contenía una inscripción interna en su tapa donde indicaba el "ritmo o cadencia" de la cantidad de trámites a realizar diariamente, mencionando patologías como Chagas y Diabetes.
Otro dato que resaltó entre la información encontrada en los cuadernos es que también había datos sobre personas de otras provincias como Monte Quemado de Santiago del Estero.
El hallazgo de estos cuadernos llevó a la fiscalía a corroborar la información con múltiples testimonios, una mujer declaró que pagó $ 6.000 en la casa de la secretaria investigada para la obtención de su certificado, otra dijo que pagó entre $ 10.000 y $ 15.000 sin haber recibido ningún estudio médico a cambio.
A la vez, un hombre, en diciembre de 2023, indicó que "todos sabían" que Luna cobraba por estos trámites y hasta detalló que él había pagado 30 mil pesos en un solo pago en su domicilio. Aun así, hay otros beneficiarios que negaron haber pagado, aunque sus nombres estaban en los cuadernos.
