Pensiones por discapacidad en Taco Pozo: cómo avanza la causa y la insólita cantidad otorgada
Meses atrás cuando comenzó la investigación el fiscal Amad declaró que el caso de Taco Pozo le llamó la atención porque en "un pueblo que tiene 9.000 habitantes; el 10% de su población era discapacitada".
La investigación liderada por el fiscal Carlos Amad, que tiene implicado al intendente de Taco Pozo, volvió a tomar relevancia pública. Se trata de un escándalo de corrupción que sacudió a la localidad, donde se descubrió una compleja maniobra delictiva que explotó el sistema de pensiones no contributivas (PNC) en beneficio de políticos locales a costa del erario público.
La investigación, encabezada por el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, señala la presunta participación del intendente Carlos Ibáñez y del médico Marcos Rojas, antiguo director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, entre otros implicados. El caso, que lleva varios meses de desarrollo, y vuelve a cobrar relevancia por las auditorías anunciadas del Gobierno nacional. Según el vocero presidencial Manuel Adorni, se estima que en un año se desviaron alrededor de 3.400 millones de dólares, y se sospecha que cerca de medio millón de los 1.223.864 beneficiarios de pensiones por invalidez podrían ser fraudulentos.
En Taco Pozo, la investigación de Amad reveló una operación ilegal en la que las personas eran reclutadas y, a cambio de una suma de dinero, obtenían beneficios de una PNC. El Ministerio Público Fiscal apunta que los beneficiarios estaban en una lista manejada por la municipalidad y debían apoyar la gestión del intendente Ibáñez, quien lleva más de 20 años en el poder. Este esquema involucró a varios directores del Hospital Rural Santa Rosa de Lima, incluyendo al doctor Marcos Gustavo Rojas y a su sucesor, Miguel Ángel Bilinski.
Según el fiscal, ambos médicos jugaron un papel crucial en la emisión de los Certificados Médicos Oficiales (CMO), necesarios para otorgar las PNC. Estos certificados determinaban el diagnóstico y el porcentaje de discapacidad, requisitos esenciales para que ANSES y ANDIS concedieran las pensiones. Aunque ANSES debía revisar los datos del solicitante y realizar una evaluación social, y ANDIS validar que los médicos y hospitales estuvieran registrados en los sistemas REFEPS y REFES, el sistema falló en detectar irregularidades, como el aumento inusual de 662 PNC en un solo año en Taco Pozo.
Las investigaciones iniciales revelaron que 17 beneficiarios confirmaron haber pagado por consultas en consultorios privados vinculados al Dr. Rojas y su red de médicos asociados. Un hallazgo alarmante ocurrió durante un allanamiento en la casa de María Estela Luna, quien se encargaba de las cobranzas para el Dr. Rojas. Se encontraron tablets, celulares, un pendrive y numerosas historias clínicas, además de documentos y cuadernos relacionados con el caso que Luna intentó desechar antes del allanamiento.
El fiscal Amad reconstruyó los hechos en un requerimiento, destacando que Luna reconoció haber destruido documentos minutos antes del allanamiento por temor a la llegada de la policía, lo que sugiere su conciencia de la ilegalidad de sus acciones.
La causa tiene a 9 imputados por defraudación contra la administración pública, todos residentes de Taco Pozo: Marcos Gustavo Rojas, Miguel Ángel Bilinski, Rafael Lenin Azañero Anaya, María Estela Luna, Florencia Carolina Angélica Jaimes, Yanina Del Valle Maza, Marcela Patricia Peralta, Carlos Antonio Ibáñez y Eva Caro.
La investigación comenzó con denuncias de irregularidades en la tramitación de PNC por discapacidad. Informes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y otros organismos públicos revelaron una red de corrupción que involucraba a médicos, bioquímicos, reclutadores, empleados municipales y administrativos, así como a funcionarios públicos. Según la fiscalía, entre 2022 y septiembre de 2023 se otorgaron 662 PNC en Taco Pozo, una cifra que levantó sospechas de fraude dada la población de 10.222 habitantes.
Las indagatorias comenzaron en agosto del año pasado, y tras las investigaciones, el fiscal Amad confirmó que se retiraron 740 pensiones fraudulentas, representando alrededor de 1.000 millones de pesos al año.
"Esto me llamó mucho la atención porque eran muchas pensiones para un pueblo que tiene 9.000 habitantes; el 10% de su población era discapacitada. Pensé que el pueblo había entrado en guerra con otro pueblo y no nos enteramos por la cantidad de discapacitados", declaró el fiscal.
La causa liderara por el fiscal Amad está a la espera de informes para investigar a fondo casi 25.000 pensiones en las ciudades de Sáenz Peña, Charata, Pinedo, Villa Ángela, Machagai, Quitilipi, Tres Isletas, Villa Río Bermejito, La Tigra y Chorotis, entre otras.
