El Gobierno elimina un fondo ligado a Grabois y piden que se investigue por posible defraudación al Estado

El Gobierno nacional cerrará un millonario fondo fiduciario que fue desarrollado cuando el expresidente Alberto Fernández estaba en el poder y que era dirigido por allegados a Juan Grabois. Se trata del Fondo de Integración Socio Urbano, que tenía como objetivo el financiamiento de proyectos en los barrios vulnerables inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. Además, el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una denuncia penal por irregularidades e incumplimientos del organismo. 

El FISU fue creado a través del decreto 819/2019 y durante los años en los que estuvo Fernández como presidente reunió millonarios ingresos que eran brindados desde el Impuesto País y del impuesto a las Riquezas. 

De manera sencilla, el dinero que iba al Fondo era administrado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior y de ahí iba a la Secretaría de Integración Socio Urbana que era manejado por Fernanda Miño, quien es muy cercana a Juan Grabois. Posteriormente, ya con los fondos necesarios, se aprobaban los proyectos de urbanización en barrios populares. 

Ahora bien, a pesar de la decisión del Gobierno nacional de evitar la realización de una auditoria a la Fondo, el fiscal general de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, presentó una denuncia penal en Comodoro Py por posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, administración fraudulenta y defraudación en el fideicomiso que fue manejado por una agrupación política vinculada a Juan Grabois.

En ese sentido, Pettigiani también se detuvo en los fondos que destinó el FISU "para la contratación de tareas de monitoreo y seguimiento de las obras", por centenares de millones de pesos: $ 342.742.659 en 2022 y de $1.724.069.920 en 2023.

"Se ha generado un desembolso, sin ningún tipo de control ni publicidad alguna, que choca con nuestro sistema Republicano de Gobierno además de constituir la posible comisión de un ilícito penal, que será materia de investigación y probable reproche", apunta el fiscal.

Asimismo, recuerda que a pesar que en ese tipo de contrataciones se estableció como criterio "el de la territorialidad en virtud de la cercanía geográfica de los proyectos", hay varias excepciones a esa regla, entre ellas la Cooperativa de Trabajo Diego Armando Maradona Limitada, que posee domicilio legal en un Hogar de Niños en La Matanza pero que se le encargó obras, con "muy importantes sumas dinerarias" en Jujuy, "a 1300 kilómetros de distancia de su sede".

El fiscal, que sospecha que hubo "un mecanismo" que contempló el "desvío de fondos", abre su presentación de 27 páginas, que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, recordando palabras del propio presidente Javier Milei que a poco de asumir apuntó a romper con "las cajas negras de la política" y mencionó ente ellas "al Fondo de Integración Socio Urbana".

Además, el fiscal agregó que "se han encontrado, al menos, 10 cooperativas cuyo objetivo no era la construcción de viviendas pero que habían sido elegidas a ese fin y que recién un año después de haberse firmado el convenio con el FISU, pasaron a modificar su estatuto en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES, el organismo que las supervisa), seguramente tratando de emprolijar los papeles".

En el descargo judicial redactado por Pettigiani  hace mención a un programa de televisión y expresa: "Conforme la crónica periodística del programa La Cornisa, su titular sería Juan Manuel Pettito Tevez, mano derecha de Juan Grabois", reseña Pettigiani en la denuncia. Por este motivo, solicitó que se investigue y convoque a declarar tanto a Grabois, como a Fernanda Miño, la ex secretaria de Integración Socio Urbana y persona de extrema confianza del líder piquetero que tenía la lapicera sobre el FISU.

"Si se adjudica arbitrariamente a una cooperativa una obra, si la cooperativa es de La Matanza y se traslada a Jujuy y si esa cooperativa no presenta tampoco ningún pliego, es lógico que no hubiera control de ninguna naturaleza por parte de las autoridades que administraron los fondos, ni menos aún de quienes los recibieron", sostuvo el fiscal. 

Como conclusión, Pettigiani enfatiza que "el programa del FISU, que tenía por objeto la urbanización de barrios populares ha desembolsado fondos a cooperativas que no solo no contaban con experiencia ni como objeto social el rubro de la construcción" y da un diagnóstico contundente: "Estamos ante un posible desvío de fondos, los que eran direccionados de manera arbitraria por las autoridades del FISU, y sin control alguno, máxime que ni siquiera esas cooperativas presentaron pliego alguno y que, en algunos casos, tampoco cumplieron con los plazos convenidos para la culminación de la obra", completa.

Tras lo sucedido, desde el Gobierno modificaron la forma de financiación de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) que ahora conduce Sebastián Pareja tendrá presupuesto propio directamente desde el Tesoro Nacional.

Hacé click y dejá tu comentario