Solicitan jury contra la fiscal Lupi por su intervención en una causa de abuso sexual a una niña
El denunciante cuestionó la decisión de la fiscal que permitió la revinculación de una niña con su madre y la pareja, ambos acusados por abuso sexual.
El abogado Juan Arreguín presentó una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento contra la Fiscal de Investigaciones Nº 1 de Sáenz Peña Liliana Lupi. El letrado acusa a Lupi de haber cometido presuntos actos delictivos y de incumplir sus deberes al permitir la revinculación de una niña con su madre y la pareja de esta, ambos denunciados por abuso sexual.
En su denuncia, Arreguín sostiene que Lupi actuó de manera irregular y fuera de sus competencias legales, lo que, según él, resultó en decisiones "insanablemente nulas". Alega que la fiscal perdió la objetividad necesaria en el caso, usurpando funciones que no le correspondían.
El caso se originó el 8 de agosto de 2023, cuando la abuela paterna de una niña de seis años denunció que la menor había sido víctima de abuso sexual por parte de la pareja de su madre. Tras esta denuncia, se inició una investigación que incluyó declaraciones de la abuela, el padre, la madre y de la propia niña, esta última en una Cámara Gesell en septiembre de 2023.
El 5 de diciembre de 2023, se ordenó la detención de la madre y su pareja por la presunta comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal. Ambos fueron citados a declarar como imputados, pero se abstuvieron de hacerlo.
Sin embargo, el 13 de marzo de 2024, a pesar de que la situación de la investigación no había cambiado, la fiscal Lupi resolvió revincular a la niña con su madre, una decisión que Arreguín consideró delictiva. Según él, la fiscal dictó resoluciones "contrarias a la ley" y no cumplió con sus obligaciones, configurando así abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Arreguín argumenta que esta revinculación generó angustia y desconfianza entre sus clientes, además de poner en riesgo a la niña al forzar el contacto con su madre, quien aún estaba imputada. La situación se complicó cuando el querellante particular renunció el 19 de marzo de 2024, dejando a la familia sin representación legal.
En su extensa denuncia, Arreguín detalló que en marzo se ordenó que la menor fuera llevada al domicilio de su madre por su padre, sin la compañía de nadie más del entorno familiar, pese a la imputación de la madre. También denunció que tuvo acceso limitado al expediente, lo que dificultó su labor como abogado defensor. Según él, varias medidas adoptadas no respetaron los derechos y garantías de sus representados y que hubo intentos irregulares de finalizar la investigación preparatoria.
El 24 de mayo de 2024, la Fiscal Lupi solicitó al Juzgado de Garantía el sobreseimiento de la madre de la menor y su pareja, lo que implicaba la restitución de la niña a su madre y la revocación de la prohibición de acercamiento. Arreguín considera que esta decisión excedía las competencias de la fiscalía y debía ser manejada por los Juzgados de Niñez, Adolescencia y Familia, que tienen la especialidad necesaria para estos casos complejos.
"Habilitar la revinculación entre la imputada (calificada como "entregadora" por esta fiscalía) y la menor víctima del delito denunciado por la abuela y el progenitor es una atrocidad y constituye un delito. Ordenar la restitución de la menor a su madre imputada es el colmo de la ilegalidad", argumentó Arreguín en su recurso de apelación contra la medida de restitución, señalando que esta violaba las competencias de la Fiscalía y contravenía el Código Procesal de Niñez, Adolescencia y Familia.
Arreguín también criticó la sentencia de sobreseimiento emitida el 27 de mayo, describiéndola como un "copia y pega" de la solicitud de la fiscal Lupi y con fundamentos insuficientes. Concluyó que el comportamiento de la fiscal favoreció indebidamente a los imputados y constituyó un caso de "violencia institucional" contra la menor y su familia paterna.
