Pensiones truchas en Taco Pozo: se develó que el 99% estaban mal otorgadas y hay 9 imputados
La investigación comenzó por la existencia de 840 pensiones por incapacidad en un pueblo de 9 mil habitantes, lo que implicaría que un 10% de la población sería discapacitada, este dato llamó la atención de la Justicia.
La Fiscalía Federal de Sáenz Peña realizó una investigación desde el año pasado por la existencia de 840 pensiones truchas por incapacidad solo en la localidad de Taco Pozo. Develando así una lo que sería una "red de asociación ilícita, fraude y perjuicio a la administración pública", por lo que nueve personas fueron imputadas.
El fiscal Carlos Amad a cargo de la investigación resaltó que: "Esto me llamó mucho la atención porque eran muchas pensiones para un pueblo de 9.000 habitantes. El 10% de su población era discapacitada. Pensé que el pueblo había entrado en guerra con otro pueblo y no nos enteramos por la cantidad de discapacitados".
A partir de esta información, se cruzaron datos con la Administración Nacional de la Discapacidad (ANDIS) y la investigación reveló una serie de irregularidades. Se encontraron casos de personas de 26 años con torceduras de tobillo que tenían un porcentaje de incapacidad del 82%, y otros con mal de Chagas con el 60% de incapacidad.
A lo que el fiscal explicó: "Encontramos de todo un poco: gente que en realidad no era discapacitada, sino que recibía esto como una especie de beca. Entre ellos, había muchos empleados municipales. Obviamente, hay personas que comprobamos que cobran el subsidio de forma legítima, y a esas personas no se les ha tocado. Pero a otras se les cortó el servicio".
Ante esta situación, se eliminaron 740 pensiones, todas fraudulentas. "Esto representa un costo de aproximadamente 120.000 pesos por mes por cada uno, multiplicándolo por 12, suma casi 1.000 millones de pesos al año", aseveró Amad.
Además, se determinó que nueve personas fueron involucradas en este esquema e imputadas por los delitos de asociación ilícita, fraude, perjuicio a la administración pública y falsedad ideológica en instrumentos públicos. "El juez está realizando las indagatorias. Con la evidencia que tenemos, creo que estas personas terminarán siendo procesadas", explicó el fiscal.
Entre los implicados hay médicos, enfermeros y personas de otros lugares, no necesariamente de Taco Pozo, e incluso personas dedicadas a la política. Amad añadió: "Se gestionaron embargos preventivos por sumas millonarias a los imputados, con inhibiciones, para asegurarnos de que, si algún día el tribunal oral los condena, podamos recuperar dinero de esas inhibiciones para responder ante el Estado por el perjuicio causado".
A raíz de esta investigación en Taco Pozo, el fiscal Amad sospechó que podría haber pensiones fraudulentas en otras localidades. "Empezamos a pedir informes al respecto, y hoy estamos investigando casi 25.000 pensiones por incapacidad en Sáenz Peña, Charata, Pinedo, Villa Ángela, Machagai, Quitilipi, Tres Isletas, Villa Río Bermejito, La Tigra, Chorotis, y otras zonas dentro de la jurisdicción territorial de la Fiscalía Federal de Sáenz Peña".
Amad aclaró que la mayoría de las personas que recibieron estas pensiones fraudulentas son muy vulnerables. "El 99,9% de las personas a las que se les ofrecieron estas pensiones y las cobraron son muy vulnerables. Algunas no saben leer ni escribir y no entendían de qué se trataba", concluyó.
