Avanza la investigación sobre extorsión a beneficiarios de planes sociales: la justicia inhibió bienes
El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Pollicita aguardan los resultados del análisis de las pruebas para proseguir con la investigación. Mientras tanto, las defensas de los imputados están preparando su estrategia inicial: buscan impugnar la validez de la causa.
El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Pollicita continúan avanzando en la investigación sobre presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales por parte de referentes de movimientos piqueteros. Mientras esperan los resultados del análisis de las pruebas obtenidas en los allanamientos del lunes pasado, las defensas de los imputados preparan su estrategia legal.
En el marco de la causa, el juez Casanello dispuso la inhibición de bienes de personas y cooperativas allanadas, y solicitó al INAES auditar el funcionamiento de las cooperativas involucradas. La expectativa está puesta en el análisis de la documentación y las pruebas obtenidas, especialmente los datos recuperados de los celulares, señalaron fuentes judiciales.
Sin embargo, las defensas de los implicados ya comenzaron a moverse. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero no involucrado en el expediente, expresó que los abogados pudieron acceder a la causa recién ayer. Apuntan sus críticas hacia la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuestionando sus declaraciones sobre los procedimientos aún en curso.
Bullrich, por su parte, solicitó ser querellante en la investigación, aunque el juez Casanello evalúa si aceptar su solicitud, dado que la policía es un auxiliar de la justicia y no se ha explicado cuál sería su rol como víctima en este caso, según fuentes consultadas.
La causa se inició el 20 de diciembre tras una movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno, y las denuncias anónimas recibidas en el número 134 del Ministerio de Seguridad. El fiscal Pollicita, a cargo de la investigación, focalizó en las 45 denuncias en la Capital Federal, logrando localizar a siete personas, cinco de las cuales declararon.
Sin embargo, las defensas cuestionarán la validez de estas pruebas, planteando la posibilidad de que los testigos sean "armados" para desplazar a los referentes comunitarios. El juez resolvió citar nuevamente a declarar a estos testigos bajo identidad reservada para escuchar sus testimonios.
En el expediente, el fiscal Pollicita imputó a los involucrados por amenazas coactivas, extorsión y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y se está evaluando la posible existencia de lavado de dinero. Se encontraron mensajes que respaldan estas acusaciones, aunque la investigación continúa antes de realizar detenciones.
Por el momento, dispuso la inhibición de bienes de numerosas personas, entre ellas Jeremías Cantero, segundo de Belliboni en el PO, y otros miembros de las cooperativas involucradas en el caso.
