Belliboni admitió posibles casos de extorsión en las organizaciones sociales: "No voy a decir que es imposible"
El líder del Polo Obrero habló sobre los supuestos casos de extorsión que involucran a referentes de su agrupación política y afirmó que acudirán a la Justicia para defenderse de las denuncias.
La Justicia investiga una serie de denuncia sobre distintos referentes de organizaciones sociales por presuntos casos de extorsión a beneficiarios de planes sociales con el objetivo de que asistan a las marchas. Ante ello, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero que es una de las agrupaciones vinculadas a estas maniobras ilícitas, no descartó que exista esta modalidad y auguró que "no es imposible" que suceda.
Esto tuvo lugar en medio de los 27 allanamientos librados desde la Justicia con el fin de obtener las pruebas necesarias para dar con los culpables. A través de esta metodología, las organizaciones partidarias garantizaban la plena asistencia de las personas a las marchas.
En la investigación llevada a cabo por el fiscal Gerardo Pollicita, se conoció que militantes del Polo Obrero realizaban esta maniobra para lograr la adhesión casi total a las convocatorias. Frente a ello, el líder de la agrupación habló y admitió que puede haber casos dentro de su organización, pero explicó que se tratarían de "casos aislados".
"No te puedo negar que haya algún caso de alguna persona que haya hecho eso, no sé ni quién es. No voy a decir que es imposible, puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente", expuso.
Seguido, reprochó que "hubo casi 10 mil llamados al teléfono que pusieron, y después terminaron confirmando esa denuncia 45, y fueron a ratificar a la sede de tribunales 12 personas. 12 de 10 mil. Esas son las personas que hacen las denuncias".
Por último, Belliboni afirmó que se presentarán a la Justicia. "Nosotros no nos vamos a escapar, vamos a ir a la Justicia a discutir cada uno de los casos. Y vamos a impugnar cada uno de los allanamientos que hayan sido truchos", aseveró.
Todo lo sucedido se desprende de los llamados recibidos por la línea 132 dispuesta por el Gobierno nacional con el objetivo de que los integrantes de las organizaciones sociales puedan reportar casos de extorsión a cambio de no dejar de recibir los beneficios sociales.
