Allanaron a piqueteros por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales: casi 30 operativos y 28 imputados
Entre los imputados se encuentran referentes del Polo Obrero, Barrios de Pie y el frente FOL. Las actuaciones judiciales se iniciaron por denuncias realizadas en la línea 134 habilitadas por el Ministerio de Seguridad.
Este lunes, la Justicia Federal realizó 27 allanamientos en el marco de una causa que investiga a varios dirigentes sociales pertenecientes a diferentes organizaciones por presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales para asistir a manifestaciones y marchas de protesta.
Las denuncias fueron recibidas a través de la Línea 134 habilitada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para que beneficiarios de planes sociales denuncien amenazas de los dirigentes piqueteros. "Esta es la primera vez en la historia en donde se allanan a las organizaciones -entre ellos, Jeremías Canteros, integrante de la mesa nacional del Polo Obrero- que extorsionaban a las personas para ir a las marchas", indicó Bullrich por medio de un posteo en su cuenta personal de X.
De esta manera, la investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), que realizó los 27 allanamientos en diferentes domicilios que fueron señalados como "pertenecientes" a las agrupaciones sociales. Asimismo, el fiscal a cargo de la causa solicitó que los involucrados se presentan a prestar declaración indagatoria por los hechos.
Durante los operativos se secuestraron "dispositivos electrónicos de los imputados, planillas o cuadernos -donde se presume que tomaban asistencia o registros de pagos-; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo", según expresa el expediente.
Los imputados
La denuncia dispone que los acusados habrían "exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’". En esta línea, se detalla que en total se registraron 924 casos por llamados a la línea 134.
En consecuencia, se informó que hay otros 28 imputados, entre los que figuran Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento y Tania Cassamello.
A su vez, en los documentos judiciales se manifiesta que los involucrados habrían canalizado los "fondos ilícitos provenientes de las extorsiones" mediante cooperativas, razón por la cual no se conocería el destino final de ese dinero.
De esta manera, el fiscal solicitó levantar el secreto fiscal y bancario de los acusados para analizar un "panorama global de sus patrimonios", y determinar si obtuvieron o no un rédito económico por hechos de coacción.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados habrían transmitido supuestamente las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: "compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera", expresa el hallazgo de esos mensajes.
