El oficialismo negocia la aplicación del RIGI y el paquete fiscal para destrabar la Ley Bases en el Senado
Continúan las tratativas en las comisiones del Senado para dar el dictamen de la Ley Ómnibus. Hoy se llevarán a cabo visitas informativas propuestas por los legisladores.
Desde La Libertad Avanza ponen el foco en la obtención del dictamen para esta semana, pero desde la oposición no dialoguista buscan frenar la iniciativa libertaria. Ante ello, el oficialismo está dispuesto negociar con el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, el impuesto en Ganancias y el blanqueo de capitales con tal de lograr la aprobación del proyecto presidencialista.
Esta semana continuarán los debates en las comisiones del Senado, precisamente en Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales donde se recibirá la presencia de invitados, entre ellos de la CGT y a las dos CTA.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, admitió que la intención está en lograr la aprobación en general y que solamente regresen a Diputados los artículos que sean rechazados en el Senado. Una vez que regresen a la Cámara baja, y en caso de que sean aprobados, recién entrarían en vigencia.
Uno de los puntos que más ruido provoca es la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias donde se establece una nueva base imponible de $ 1.800.000 para un soltero y de $ 2.300.000 para los casados. Esta iniciativa es rechazada por los legisladores patagónicos ya que reduce los salarios de los trabajadores que no se ven favorecidos por los altos costos de vida.
"Es un impuesto regresivo que directamente va a disminuir los salarios de los trabajadores. La situación de vida en la región del sur tiene grandes distancias, poca densidad de poblaciones y con elevado costo de vida, que hacen que esos sueldos alcancen solo para vivir y afectan a trabajadores de la actividad privada y en el Estado a docentes y personal de la salud", expresó la senadora por Río Negro, Mónica Silva.
Por otro lado, el RIGI también está en un gran foco de discusión ya que incluye un conjunto de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, a los que el Estado nacional se compromete a mantener por 30 años, con la garantía de no afectación por normativas más gravosas. Son para proyectos de inversión superiores a los 200 millones de dólares, argumentan desde la Casa Rosada.
Pero ante esto, desde Unión Por la Patria manifiestan que "detrás de la idea de fomentar inversiones extranjeras, pone en riesgo la soberanía argentina sobre los recursos naturales. Parece que quieren que seamos un país proveedor de materia prima y que después compremos productos terminados de los mismos que explotarían esos recursos nuestros", argumenta el pampeano Daniel Bensusán.
