Detuvieron a tres dirigentes bonaerenses que entregaban planes sociales y retenían la mitad del dinero

Un policía que detectó a personas sacando dinero con varias tarjetas en un cajero automático a una cuadra del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires, al igual que en el caso "Chocolate". Ese hecho desmanteló una red de asociación ilícita donde los dirigentes políticos entregaban planes sociales y se quedaban con la mitad del dinero. Se estima que se habrían beneficiado con la suma de $ 3.000.000.

La investigación reveló un entramado de corrupción que operaba desde 2017 hasta, por lo menos, diciembre de 2019.José "Jota" Roberto Rognoni, Maximiliano Heft y Eduardo Alberto Gil, alias "Pegua", fueron los principales implicados en esta trama delictiva, según el fallo de la jueza en lo criminal y correccional Alejandra Provítola. Rognoni, quien trabaja para el Gobierno bonaerense y dirigía la Sociedad de Fomento "San Pedro" en Berazategui, está vinculado a la organización social "Barrios de Pie" y cooperativas de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes.

"Mirá que así como la ingresó en el plan, la saca" fue la advertencia salió del teléfono de "Jota" hacia K., una beneficiaria de un plan social que, al parecer, no cumplía con las condiciones para mantenerla activa en el programa Argentina Trabaja. ¿Cuáles eran las condiciones? Entregar la mitad de lo que cobraba, ir a las marchas y traer más interesados. Esta reconstrucción de un dialogo real se desprende del fallo que dictó la jueza en lo criminal y correccional Alejandra Provítola.

La pesquisa se inició en 2019 cuando un policía observó a Rognoni y Heft retirando dinero en efectivo de cajeros automáticos con diversas tarjetas. Tras ser detenidos, se descubrió que poseían múltiples tarjetas de débito a nombre de otras personas, junto con sus claves anotadas. Posteriormente, se allanaron sus domicilios, donde se hallaron más tarjetas, documentación y evidencia incriminatoria.

"Si bien hasta el momento se han identificado 25 víctimas, se desconoce el tenor y la incidencia de la organización criminal a la que pertenecen los imputados -dijo la jueza a la hora de justificar la detención-. Rognoni, Heft y Gil podrían colaborar con quienes aún no fueron identificados hasta el momento como imputados, para dificultar su individualización. Asimismo, los aquí procesados amenazaron a las víctimas ya identificadas, además de extorsionarlas para lograr la concreción y el provecho de los delitos que las damnificaron, de modo tal que las medidas cautelares a imponer deben impedir que los damnificados sean hostigados".

La investigación reveló que la banda ejercía control absoluto sobre los beneficiarios, obligándolos a entregar parte de sus ingresos y participar en actividades políticas bajo amenaza de perder el subsidio.

La jueza Provítola determinó que la asociación liderada por Rognoni, Heft y Gil defraudó al menos tres millones de pesos y ejerció presión sobre los beneficiarios para que entregaran parte de su subsidio mensualmente. La Sociedad de Fomento "San Pedro" era utilizada como fachada para controlar a las personas y realizar actividades ilegales.

Los procesados fueron acusados de asociación ilícita, defraudación y estafa, con medidas cautelares que incluyen arresto domiciliario y monitoreo electrónico. La justicia resaltó la vulnerabilidad de los beneficiarios, muchos de los cuales carecían de recursos y conocimiento sobre sus derechos.

CÓMO OPERABA LA BANDA Y QUÉ LES EXIGÍAN A LAS VÍCTIMAS

El trío simulaba "tener la facultad discrecional para otorgar el beneficio social a las víctimas; y/o para mantenerlos dentro del programa otorgado; y/o para quitarles el subsidio estatal", dijo el fallo. Por ello, las víctimas se encontraban en situación de desventaja: creían estar obligados a cumplir con las exigencias que les planteaba: "la retención o entrega de la mitad del haber percibido de manera mensual; la concurrencia a presenciar manifestaciones sociales cada vez que ello les era requerido; y captar a más personas para ingresar a la cooperativa bajo las dos primeras condiciones indicadas".

Así lo indican los diálogos a los que accedió la justicia y las declaraciones de los beneficiarios-víctimas. En los celulares aparecían fotos de "Pegua" Gil y "Jota Rognoni con el movimiento Evita, con "Barrios de Pie" y a la CGT (Confederación General de Trabajo) en los partidos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes.

De acuerdo al fallo, los imputados corroboraban que los aspirantes podían acceder al beneficio y les hacían saber las condiciones. Al recibir el llamado oficial para ir a buscar al banco la tarjeta de débito para cobrar el haber, tenían que ir a la sucursal con alguno de ellos "a fin de realizar la primera extracción". Según la jueza, era con la "única finalidad de intimar a sus beneficiarios bajo amenaza, para que les hicieran la entrega del dinero exigido".

Desde ese momento, la persona perdía el control de su tarjeta de débito ya habilitada. Eran los implicados los que extraían el dinero y les daban mensualmente la mitad a los beneficiarios, según los casos corroborados.

En sus declaraciones, todos los testigos, a excepción de uno de ellos, aseguraron que "Jota" les retiraba el dinero de los cajeros automáticos en Capital Federal como una forma de "ayudarlos", debido a que, de otro modo, les resultaba muy dificultoso percibir esos haberes en efectivo.

"Resulta pertinente destacar que, en todos esos casos, al prestar declaración testimonial, muchos lo hicieron con miedo y/o total desconocimiento de lo que implicaba el valor de su trabajo en la cooperativa, como así también, de las condiciones para formar parte del Programa y su finalidad. De lo expuesto entonces, se infiere que los beneficiarios del programa referido se encontraban, cuanto menos al momento de su inclusión, en una situación de vulnerabilidad social, económica e, inclusive, educacional, que los ubicaba en los sectores más excluidos dentro de la población", dijo la magistrada.

En uno de los puntos del fallo, la jueza alude a la condición de vulnerabilidad de los beneficiarios. De acuerdo a los informes emitidos por el Banco de la Nación Argentina, NOSIS, la Dirección Nacional de Migraciones, el Registro de la Propiedad Inmueble de CABA y la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, ninguno de los beneficiarios titulares de las tarjetas de débito secuestradas goza de una condición socio económica prominente.

Así las cosas, "Jota" Rognoni, Maximiliano Heft y "Pegua" Gil quedaron procesados con prisión preventiva como miembros de una asociación ilícita, que llevó adelante una defraudación mediante el uso de tarjeta de débito obtenida mediante ardid o engaño reiterado respecto de al menos 20 víctimas y el delito de estafa. Esa detención se cumplirá bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica.