El asesino de 15 años que ejecutó al playero en Rosario cobró entre 200 y 400 mil pesos por los crímenes
Los fiscales afirmaron que la serie de crímenes que conmovió a la ciudad a principios de marzo fue encargada desde la cárcel de Piñero y ejecutada por bandas de menores.
La audiencia imputativa relacionada con la ola de homicidios que exacerbo el clima de terror narcotráfico en Rosario comenzó a revelar detalles sobrecogedores. No solo se presentó pruebas contundentes por parte de los fiscales, sugiriendo que los crímenes fueron ordenados desde la prisión como represalia por las condiciones más estrictas impuestas a los delincuentes de "alto perfil",encargadas a bandas juveniles, sino que también se reveló que los asesinatos tenían un precio: 300 mil pesos.
Los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, en presencia de la jefa de fiscales de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, y el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, afirmaron que el adolescente de 15 años detenido por el tiroteo fatal de Bruno Bussanich, ocurrido la noche del 9 de marzo en una estación de servicio del oeste de Rosario, también fue el responsable del primer homicidio de la serie que desató la consternación en la sociedad y paralizó la ciudad: el asesinato del taxista Héctor Raúl Figueroa.
Durante la presentación de los cargos, se detalló que Alejandro Núñez, conocido como Chucky Monedita, habría ordenado los dos primeros asesinatos (el de Figueroa y, al día siguiente, el de otro taxista, Diego Celentano) desde la cárcel de Piñero, donde está recluido. Se sostiene que lo hizo a través de su pareja, apodada "La Doña", quien cumple prisión domiciliaria en Funes y habría reclutado a sicarios menores de edad (y, por lo tanto, inimputables).
Según los fiscales, los mentores de los ataques habrían organizado una reunión después del primer homicidio para planificar uno nuevo, ofreciendo un pago de 300 mil pesos. Se afirma que el reclutador de los jóvenes pistoleros, pertenecientes a una banda del barrio Santa Lucía, y quien les proporcionó el arma para asesinar a "un colectivero" (Marcos Daloia, conductor de la línea K de trolebuses, fue la tercera víctima), fue un joven bajo arresto domiciliario a disposición de un juzgado de Menores.
