El Gobierno suspendió las recompensas para buscar a represores de la dictadura que están prófugos
Las sumas se destinaban a quienes aporten información sobre los acusados por delitos de lesa humanidad por un total $ 5.000.00.
El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, dejó de ofrecer dinero como recompensa para quienes aporten información sobre los militares, policías y civiles prófugos que están siendo investigados por la Justicia por delitos de lesa humanidad debido a su participación del plan de represión ilegal durante la última dictadura militar.
Hasta el 24 de marzo, el Programa Nacional de Recompensas tenía publicadas unas 22 fotografías de los imputados por delitos de lesa humanidad que son buscados por el Estado. Por cada uno de ellos se ponía a disposición de una suma de $ 5.000.000 para los que suministren datos relevantes sobre el paradero de los prófugos. Sin embargo, ahora solo queda una búsqueda activa: la de Aníbal Miguel Sánchez, un oficial del Ejército de Mercedes acusado como partícipe necesario de homicidio calificado de 8 personas, el secuestro de otras 36 y torturas en cinco ocasiones durante el plan de represión ilegal diseñado por la Junta Militar.
La novedad, que se publicó en las últimas horas, se conoció poco de después que el presidente Javier Milei hiciera un llamado para iniciar una "era de reconciliación con las Fuerzas Armadas", durante la conmemoración por el Día del Veterano y los Caídos de Malvinas.
El programa de búsqueda de personas está vigente desde el 2008, a través de la ley 26.375. La norma creó el Fondo de Recompensas y en su artículo sexto establece que "el ofrecimiento de la recompensa se realizará por el plazo de doce meses a partir de la fecha de la resolución que la establezca, pudiéndose prorrogar sin limitación o restablecer conforme lo considere la autoridad de aplicación".
