Pedirán la inconstitucionalidad de la nueva ley de Lavado de Activos

Este jueves, el Senado de la Nación aprobó la nueva ley de Lavado de Activos. Sin embargo, un día después, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, expresó su rechazo a la normativa y adelantó que pedirá la inconstitucionalidad de la misma. 

Gil Lavedra se refirió a la parte de la ley que incluye a los abogados como sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando detecten operaciones sospechosas de sus clientes en el marco del desempeño de su actividad profesional.

El reconocido jurista fundó el planteo en que la relación entre los abogados y sus clientes está amparada por el deber de confidencialidad y que la aplicación de esta nueva normativa impide garantizar la debida defensa en juicio.

Además, mostró su preocupación planteando que violar este secreto profesional trae aparejada una pena que puede llegar a inhabilitar a los letrados para ejercer su profesión por hasta tres años. Una medida conforme el artículo 156 del Código Penal, que reprime a quien "teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa".

"Todas las actividades que desarrolla un abogado, tanto litigiosas como de asesoramiento o representación, se encuentran protegidas por el secreto profesional, pues se trata de información suministrada por sus clientes en el marco de la relación de confianza y reserva que requiere el ejercicio profesional", explicó Gil Lavedra.

"Obligar a investigar a sus propios clientes, establecer el origen de los fondos, las finalidades que se persiguen y eventualmente denunciarlos importa una violación grosera al deber de confidencialidad que afecta directamente a la defensa en juicio", remarcó. Y al respecto agregó que "la mayoría de los abogados y abogadas carecen de los medios e infraestructura para efectuar las indagaciones que, por su naturaleza, pertenecen prioritariamente a las autoridades estatales".

El jurista aseguró que "la reciente sanción de la ley modificatoria de las normas de lavado de activos importa, respecto de los abogados, una violación de disposiciones constitucionales; pues en todos los casos las actividades subyacentes que se incluyen en el deber de informar se encuentran suficientemente protegidas por otros controles, según las normas interpretativas de la propia GAFI en cuanto a que no es necesario obligar a informar a los abogados".

PEDIRÁN LA INCONSTITUCIONALIDAD 

El CPACF ya se había expresado en contra de esta reforma en febrero, mediante un comunicado en el que remarcaban que la mayoría de los casos reportados ante la UIF quedaban fuera del ámbito penal y administrativo sancionador y que "el costo impuesto a los profesionales, en este contexto, ni siquiera tendría un efecto relevante sobre el combate de fenómenos como el terrorismo y el narcotráfico".

Finalmente, y en defensa de la profesión, Gil Lavedra anunció que el Colegio Público de la Abogacía entablará acciones legales para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la parte de la Ley que incluye a los abogados como sujetos obligados a informar.