Sistema acusatorio: el Gobierno nacional oficializó la medida y cuestionan si habrá fondos para solventarla
El Gobierno de Javier Milei publicó en el boletín oficial que el Ministerio de Justicia queda a cargo de implementar el sistema acusatorio que ya rige en Jujuy y Salta y extenderlo al resto del país.
Hoy, el Gobierno de Javier Milei anunció en el boletín oficial el DNU 188/2024 que el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, quedaba a cargo de la implementación del sistema acusatorio "para darle a los argentinos un sistema de justicia que sea justo", como lo había anticipado el viernes pasado el titular de dicha cartera.
Ahora, surgen dudas sobre la existencia de fondos para para solventarlo.
En 2014, la ley 27.063 aprobó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que implicaba el cambio a un sistema acusatorio, que consiste en empoderar a los fiscales con el fin de investigaciones más rápidas.
De esta manera, el expediente en papel desaparece y los planteos que realizan las partes son resueltos por el juez en audiencia. Además, el proceso se rige por la contradicción y la "igualdad de armas" entre las partes; la prueba debe ser producida por las partes en presencia de los jueces, quienes luego, en función del conocimiento adquirido y los planteos que reciban deberán adoptar decisiones; las audiencias son públicas y las etapas del proceso se agilizan.
En 2015, se dispuso que el nuevo código iba a entrar en vigencia progresivamente, según se lo dispusiera la comisión bicameral que monitoreaba su implementación. A mediados de 2019, el nuevo sistema comenzó a aplicarse en Jujuy y en Salta y la idea era que siguiera inaugurándose en distintos puntos del país hasta llegar a Comodoro Py 2002, pero no fue así.
Los fundamentos
"La postergación indefinida de la entrada en vigencia del referido ‘CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (T.O. 2019)’ impide hacer efectivo el proceso de reforma judicial iniciado hace casi una década y trae graves consecuencias que impactan negativamente en la modernización, la eficiencia y el correcto desempeño de los órganos de justicia del ESTADO NACIONAL", sostiene el DNU del Gobierno de Javier Milei.
Y agrega: "La falta de definiciones respecto del cronograma de implementación prolonga una situación anómala, caracterizada por la coexistencia de dos sistemas procesales disímiles en el orden federal y en el nacional. La duplicidad de legislaciones provoca un trato dispar a las personas imputadas, en particular en lo que respecta a su derecho a ser juzgadas en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas".
A su vez, los fundamentos resaltas que falta de aplicación del Código en casi la totalidad del territorio nacional dificulta la labor del Ministerio Público, la conformación de las unidades fiscales y la designación de los fiscales generales de distrito. También "frustra el diseño y la ejecución de la política de persecución penal" y así "resigna herramientas fundamentales para enfrentar de modo eficiente los fenómenos criminales que forman parte de su competencia".
"La plena operatividad del nuevo ordenamiento procesal penal resulta impostergable dada la necesidad de contar con una estrategia proactiva de persecución penal, de castigar a los responsables de crímenes graves -como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, entre otros- y de tutelar a las víctimas del delito. En este sentido, la crisis que experimenta el sistema institucional es un correlato de la crisis económica ya descrita en los fundamentos del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023″, se advirtió.
Y se subrayó que los datos de la Asociación Transparencia Internacional que en su última edición ubicó a la Argentina quedó 98 en la lista de 180 país evaluados por percepción de corrupción. "El resultado obtenido responde especialmente a la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para investigar y sancionar la corrupción gubernamental, lo cual representa una prioridad del Gobierno Nacional", se afirmó.
El texto señala, además, que la aplicación del nuevo sistema procesal es "imperiosa" porque "brinda un sistema más eficaz para atender el recrudecimiento de la violencia proveniente del crimen organizado". "Según la información difundida por el Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de SANTA FE, aproximadamente el 70 por ciento de los más de 500 homicidios cometidos en la ciudad de ROSARIO y su área metropolitana durante los años 2022 y 2023 se relacionan directa o indirectamente con el accionar de organizaciones criminales, cuyo desmantelamiento concierne de modo prioritario al fuero federal".
"La gravedad institucional de la situación imperante justifica redefinir las funciones asignadas oportunamente a la COMISIÓN BICAMERAL DE MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (del Congreso) que, en lo sucesivo, velará por la armonía y unificación de las propuestas de modificaciones a la legislación relacionada a la reforma procesal penal federal (...) Así el PODER EJECUTIVO NACIONAL, por medio del MINISTERIO DE JUSTICIA, asumirá las competencias y funciones de implementación del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL (...). Las modificaciones señaladas no implican reformas de carácter penal, sino que proyectan sus efectos inmediatos y necesarios sobre la organización y el funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal federal", dice el decreto.
Y se agregó: "las razones expuestas se entiende que se verifican las circunstancias de carácter excepcional a las que hace referencia el inciso 3 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, que hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Carta Magna para la sanción de las leyes".
A partir de ahora, será el Ministerio de Justicia el que establecerá el cronograma para la implementación progresiva, y diseñará propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del Código en la Justicia Federal y Nacional Penal y de programas de capacitación de los operadores, y elevarlas a los órganos competentes. También creará un consejo asesor institucional y consultivo con representantes del Consejo de la Magistratura, los colegios de abogados, las asociaciones de magistrados y fiscales y defensor, gremios y actores de la sociedad civil.
