Desvío millonario: de 165 viviendas prometidas en La Rubita por Grabois, solo se terminaron 15
El Gobierno nacional realizó investigaciones de la gestión anterior y reveló un manejo irregular de fondos fiduciarios de más de 4 mil millones de pesos por parte de Juan Grabois y exfuncionarios, dejando en evidencia el incumplimiento del proyecto de urbanización en La Rubita de Resistencia.
En un escenario de promesas incumplidas y fondos millonarios desviados, el proyecto de urbanización en el barrio "La Rubita", en Resistencia, Chaco, quedó en entredicho. Lo que en su momento se proyectó como una solución habitacional para 165 familias, se vio reducido a la entrega de apenas 15 viviendas.
Bajo la presidencia de Alberto Fernández en 2021, se firmó un convenio que implicaba una inversión considerable por parte del Gobierno nacional, destinada a la urbanización de este sector, donde Nación se comprometía a transferir $ 2.257.444.826 a la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) para la urbanización de "La Rubita".
Sin embargo, investigaciones recientes revelaron un oscuro entramado de corrupción que señala a Juan Grabois como uno de los principales responsables de este desvío de fondos, concluyendo que el proyecto de "La Rubita" era parte de una "caja negra política" manejada por el funcionario junto a Fernanda Miño, ex dirigente del Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU).
El proyecto, que debería haber concluido en un plazo de 20 meses, está lejos de su finalización. Para octubre de 2023 las obras tenían que estar terminadas, pero a la fecha, menos del 10% de las viviendas fueron construidas. De las 165 viviendas prometidas, solo se entregaron 15 terminadas y las 150 restantes que se entregaron, muchas presentan graves deficiencias: carecen de techos, puertas, ventanas, conexión a servicios básicos como gas y luz, e incluso muchas carecen de baños.
La magnitud del desvío de fondos es alarmante. De los más de dos mil millones de pesos destinados inicialmente al proyecto y que se duplicaron a la cifra de $ 4.182.559.618, solo una fracción mínima se ha utilizado para su fin previsto. Sorprendentemente, apenas 631 millones se utilizaron para la ejecución y construcción las de viviendas.
La situación ha desatado acciones legales por parte de la oposición en la provincia, que ha presentado una denuncia penal contra la ex ministra Marta Soneira, responsable de la cartera de Ambiente y Desarrollo Territorial durante la gestión anterior. La denuncia apunta a un manejo indebido de más de $4100 millones provenientes del Fondo de Integración Socio Urbana.
Las investigaciones actuales, lideradas por el Gobierno Nacional, arrojan luz sobre las irregularidades en el manejo del fondo fiduciario asignado a la provincia de Chaco. Fernanda Miño, también exdirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), figura como una de las principales implicadas en estas prácticas cuestionables.
Según datos oficiales, el FISU bajo la gestión de Alberto Fernández tuvo acceso a una suma exorbitante de recursos, estimada en alrededor de $ 300.000 millones de pesos anuales, financiados por el 9% del Impuesto PAIS. Este descubrimiento abre luz a los interrogantes sobre la transparencia y eficacia en la gestión de fondos públicos destinados a proyectos de desarrollo social y urbano, poniendo en una encrucijada a la gestión anterior que gobernó hasta hace unos meses en el país y la provincia.
