El Gobierno quitó de la Ley Ómnibus la autorización para vender las acciones en manos del Fondo de la Anses
La nueva versión permite al Gobierno liquidar la deuda pública en poder de la Anses.
En una serie de cambios significativos al proyecto de Ley Ómnibus que se discute en el Congreso, se decidió finalmente excluir la autorización para que el Gobierno se apropie de las acciones de empresas privadas pertenecientes al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La decisión, que tuvo como resultado una caída en los mercados de acciones y bonos argentinos, limitaría la facultad del Gobierno a la liquidación de la deuda pública dentro de la cartera del mencionado fondo.
El retiro de este controvertido artículo, el 226 de la redacción original, que permitía al Poder Ejecutivo quedarse con activos del FGS, incluyendo bonos del Tesoro y acciones de empresas privadas valuadas en USD 5.700 millones, fue el resultado de intensas negociaciones con la oposición y los gobernadores.
Las últimas versiones del megaproyecto de ley indican que, de aprobarse, el Gobierno solo tendría autorización para consolidar la deuda pública presente en el FGS, excluyendo la posibilidad de adueñarse de las acciones privadas. La oposición ha insistido en que cualquier venta de estas acciones debe contar con la aprobación de una comisión bicameral.
La cartera de acciones en manos del FGS asciende a USD 5.678 millones, representando el 17,4% del total. Entre las principales empresas figuran Ternium, Pampa Holding, Transportadora Gas del Sur, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia.
El Ministerio de Economía no obtendrá autorización para retener las acciones del FGS, según la versión final del proyecto. Este cambio ha generado preocupaciones y tensiones en los mercados financieros, ya que la posibilidad de que el Gobierno adquiera acciones de empresas privadas generaba incertidumbre sobre el futuro de dichas inversiones.
La última versión de la "ley Bases" que circula entre los diputados también excluye los artículos que trataban sobre el destino de las acciones en posesión del FGS. El artículo 97 de esta versión consolida las tenencias de títulos de deuda pública del FGS y otros organismos públicos en el Estado Nacional, excluyendo al Banco Central y al Banco Nación. Los organismos públicos que posean bonos del Tesoro tendrán 90 días para reclamar el crédito presupuestario por el valor nominal del título en sus carteras.
A pesar de estas modificaciones, el megaproyecto de ley aún enfrenta desafíos y controversias en el Congreso, con diferentes bloques políticos debatiendo sobre los alcances y las implicaciones de esta ambiciosa legislación económica.
