La Ley Ómnibus avanza al debate en Diputados: los cinco puntos sin consenso que podrían ser rechazados
El oficialismo pretendía avanzar con el debate este jueves, pero por falta de acuerdo, la sesión se pospuso hasta la semana que viene.
Luego de que el Gobierno lograra logró obtener el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones para el proyecto de Ley Ómnibus en la madrugada de este miércoles, ahora debe afrontar una nueva ronda de negociaciones para lograr un acuerdo que permita la aprobación de la ley en Cámara de Diputados.
El oficialismo sumó 55 firmas de los 115 miembros del plenario este miércoles, pero 34 fueron "con disidencias parciales", incluso de sus aliados más cercanos, el PRO. La UCR, en tanto, se partió por la mitad: 8 votaron con el oficialismo y los 8 restantes decidieron no acompañar ningún dictamen.
Algo parecido ocurrió en el interbloque que lidera Miguel Ángel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, ya que la Coalición Cívica, el socialismo de Santa Fe y Margarita Stolbizer firmaron su propio dictamen de minoría, por separado del peronismo que rechazó el texto por completo.
El oficialismo pretendía avanzar con el debate este jueves, pero por falta de acuerdo, la sesión se pospuso hasta la semana que viene, por lo que se espera que las negociaciones continúen y se efectúen nuevas modificaciones en el proyecto en los próximos días.
Las retenciones siguen siendo el principal foco de conflicto. Pese a que el Gobierno aceptó eliminar el aumento de retenciones al 15% para todas las economías regionales, sostuvo la suba del 15% a las exportaciones industriales y el aumento de la alícuota para los derivados de soja, el trigo y el maíz.
La oposición dialoguista, e incluso sectores del PRO, en tanto, buscan que no haya ningún aumento de retenciones y presionan para que el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo acepte "compensar" esos recursos que no ingresarán en las arcas públicas poniendo el foco en otros gastos tributarios.
Por otro lado, el oficialismo también modificó su plan original para las jubilaciones, que consistía en eliminar la fórmula previsional para reemplazarla por aumentos por decreto a discreción.
En cambio, habían accedido a ajustar los haberes en base al Índice de Precios al Consumidor, pero a partir de marzo, es decir, con la inflación de febrero. Sin embargo, el empalme entre los dos sistemas dejaría afuera la actualización de enero, que terminará con una inflación de aproximadamente 20%.
Por eso, la oposición sigue reclamando alguna compensación extra para que el "empalme" no perjudique a los jubilados, o directamente empezar a actualizar por IPC desde enero.
En otro punto, el oficialismo acordó excluir a YPF del extenso listado de empresas estatales que pueden ser privatizadas. Por un lado, la UCR impulsa que la venta de cada empresa se trate por separado y reclama que los pliegos de venta tengan que tener aprobación del Congreso.
El bloque de Pichetto, en tanto, también se resiste a la enajenación de ARSAT, Nucleoeléctrica, Banco Nación e YMAD.
Sobre la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, los gobernadores propusieron al principio de la semana que antes de traspasarlo al Tesoro Nacional debía ser utilizado para saldar las deudas con las cajas provinciales y para pagar los juicios jubilatorios, que rondan los 300 mil. Desde el radicalismo, en tanto, persisten las dudas en cuanto a este punto.
Finalmente, tampoco fue suficiente que el oficialismo haya aceptado que las facultades delegadas sean por un año, renovable por otro año con acuerdo del Congreso (la propuesta original era 2+2 a discreción del Poder Ejecutivo).
La Coalición Cívica impulsa eliminar por completo las facultades delegadas mientras que la UCR quiere restringir la cantidad de áreas en las que se declara la emergencia y acotar el margen de acción del Poder Ejecutivo en las áreas donde sí se delegan facultades.
