Un fiscal pidió que el amparo de la CGT contra el DNU de Milei pase a otra Cámara de la Justicia
Juan Manuel Domínguez solicitó la quita del caso a la Justicia Laboral para pasarlo a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y que ellos decidan quién se queda con la tratativa del amparo.
Este martes, Juan Manuel Domínguez, fiscal general de la Cámara Laboral, solicitó mediante un dictamen que el recurso de amparo presentado por la CGT contra el DNU de Milei sea trasladado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El texto planteado por el fiscal dicta: "debe recordarse que la ley 26.854 contiene expresas y singulares precisiones en torno a los conflictos de competencia; así, por ejemplo, habilita la vía de la inhibitoria aun entre jueces de la misma jurisdicción judicial y pregona la aptitud de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para elucidarlos siempre que intervenga un juez dicho Fuero".
A través de este argumento, y al especificar que podría existir un posible conflicto de competencias, cita lo establecido en el art. 20, segundo párrafo, primera parte, de la ley 26.854, donde se deja en claro que: "todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal".
Por otro lado, el fiscal del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, Miguel Gilligan, se opuso a levantar la feria por un recurso de amparo del ex presidente de Colegio Público de Abogados de la CABA, Jorge Rizzo, quien también apuntó contra el DNU del mandatario libertario.
En su dictamen, Gilligan dijo que "entiendo que las razones de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria no se hallan debidamente acreditadas en el sub judice, por lo que considero que vuestra excelencia no debería habilitar la feria judicial".
Las resoluciones de Domínguez y Guillan van en sintonía con el pedido del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, quien solicitó que todos los amparos sean tratados en lo contencioso administrativo federal donde se tramitan los juicios contra el Estado.
Además, los fiscales se encauzan con la decisión de la Corte de no abrir la feria judicial en enero, a la espera de que el Congreso decida la validez o no del DNU 70/2023.
