Ley ómnibus: despedirán a los empleados públicos que no se "reconviertan" y podrán eliminar organismos clave
Los empleados de planta tendrán un año para reinsertarse en otro puesto o irse al sector privado o serán despedidos.
El proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso contempla la creación del Fondo de Reconversión Laboral, con la capacidad de despedir a empleados públicos cuyos cargos sean suprimidos si no se reconvierten en un plazo de un año. El objetivo del fondo es proporcionar capacitación y asistencia técnica para programas de autoempleo y formas asociativas solidarias a los agentes afectados por la supresión de cargos.
Según el proyecto, el fondo operará dentro del ministerio designado por el Ejecutivo y se financiará con recursos del Presupuesto. También se establecerá un régimen de promoción para la reinserción laboral privada de los empleados públicos "en disponibilidad", con la posibilidad de exención de cargas sociales por un tiempo limitado.
Los agentes cuyos cargos sean eliminados pasarán automáticamente a estar en situación de disponibilidad durante un máximo de un año, con remuneración proporcionada por el fondo. Durante este período, se espera que reciban capacitación y puedan realizar tareas en servicios tercerizados del Estado. Al finalizar el año, aquellos que no hayan formalizado una nueva relación laboral serán desvinculados del sector público nacional, con derecho a una indemnización financiada por el Fondo.
La indemnización se calculará en base a la mejor remuneración mensual percibida durante el último año o el tiempo de servicio, con excepciones previstas en los convenios laborales y las indemnizaciones especiales. Además, se establece que los cargos de los agentes que ingresen al Fondo serán definitivamente suprimidos.
La medida ha generado controversia, siendo interpretada por algunos como una forma de reducir la planta de empleados públicos. Un decreto adicional, publicado el mismo día, impide la renovación de contratos para empleados con menos de un año de antigüedad en diversos organismos del Estado, lo que podría resultar en la desvinculación de hasta 7.000 empleados.
