El Gobierno identificó a quienes que marcharon la semana pasada: algunos perderán sus planes sociales
Sandra Pettovello afirmó que se les quitará la asistencia social a quienes no hayan respetado el derecho a la libre circulación.
El Gobierno no le quitará los planes sociales a la mayoría de los manifestantes que marcharon la semana pasada a Casa Rosada, ya que muchos de ellos caminaron por la vereda, de forma que no rompieron el protocolo. Sin embargo, habrá un número de personas que sí perderá su beneficio.
Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, y el secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, tomaron la decisión de que sólo se quitará asistencia social a los beneficiarios que no hayan respetado el derecho a la libre circulación.
En ese sentido, la identificación individuos que realizó el Ministerio de Seguridad bajo el ala de Patricia Bullrich sólo registró a 35 infractores , según el último informe de la operación.
De esa forma, se trataría de un número bajo de sancionados respecto a los casi 3000 manifestantes que contó e identificó el Gobierno en la marcha que impulsó el Polo Obrero.
Lo que sí le cobrará el Gobierno a los piqueteros es el costo del operativo de seguridad en conjunto de las fuerzas policiales y federales en Casa Rosada y en las inmediaciones de Ciudad de Buenos Aires.
El monto del despliegue fue cotizado en $60.000.000, se concibió además la nafta y el promedio de horas por hombre, y el ministerio de Seguridad le pasará la factura a las organizaciones sociales que identificaron en el evento.
Se trata del Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Evita, La William Cooke, MTR 12 de abril, CUBA MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, El FOL, Barrios de Pie, Torres, MTE y Movimiento Patria Justa.
En torno a la línea 134, que abrió el Gobierno para denuncias de extorsión respecto a la quita de planes de los intermediarios, el Ministerio de Seguridad notificó 15.900 llamados.
En ese contexto, se separaron 1100 denuncias, de las cuales se han clasificado 214 planillas de comunicaciones que se presentaron en la denuncia realizada en los Tribunales Federales.
La acusación se respaldó en el delito de extorsión y defraudación al Estado por el manejo de planes sociales y recayó en el Juzgado del Dr. Sebastián Casanello y en la Fiscalía del Dr. Gerardo Pollicita.
En ese sentido, desde las filas de Bullrich confirmaron que se listaron 32 personas denunciadas como presuntos autores de los delitos mencionados.
