Fallo histórico sobre las muertes de detenidos en comisarías y un problema sistémico sin resolver
El pasado 15 de diciembre, la ciudad de Sáenz Peña fue testigo de otra tragedia en una comisaría local, donde un detenido decidió quitarse la vida. Este trágico incidente vuelve a poner de manifiesto las falencias en el sistema de detención y las preocupaciones expresadas anteriormente por el Defensor Oficial N° 2, Matías Jachesky.
La historia se remonta al año 2016, cuando Fernando Suárez, de 19 años, fue detenido en la Comisaría Cuarta del barrio Puerta del Sol. Tras ser denunciado por amenazar a su madre con una tumbera, Suárez se prendió fuego en su celda, utilizando un colchón. A pesar de ser rescatado y trasladado al Hospital 4 de Junio, falleció debido a las graves quemaduras que abarcaban el 70% de su cuerpo, junto con complicaciones en las vías respiratorias.
El posterior juicio, que tuvo lugar en junio de este año, dejó en evidencia la impunidad reinante. Siete policías fueron imputados, pero solo uno, el llavero, fue condenado a tres años de prisión condicional por Homicidio Culposo. Esta situación generó la advertencia del Defensor Oficial Matías Jachesky, quien anticipó que casos similares podrían repetirse.
La sentencia del Juez Rodolfo Lineras, que absolvió a seis de los policías y emitió medidas para evitar futuros incidentes, parece no haber tenido el impacto deseado. La orden de controlar las celdas y exhibir la información del personal encargado de la seguridad no fue suficiente para evitar el reciente suicidio.
El problema, según destacó Jachesky durante el juicio, radica en la falta de cumplimiento de funciones por parte de los llaveros y la superpoblación en las comisarías de Sáenz Peña. Se mencionó la crítica situación de las celdas, la escasez de llaveros y la ausencia de separación entre procesados y contraventores como elementos que contribuyen a un ambiente propicio para tragedias.
Los abogados defensores de los policías culparon a la situación calamitosa de las celdas y a las múltiples funciones de los efectivos, señalando al Estado y a las instituciones intermedias. Sin embargo, este problema estructural, junto con la superpoblación y la falta de separación adecuada entre detenidos, se presenta como un desafío pendiente para la nueva gestión de Gobierno.
El llamado a la acción es claro. La sociedad, las instituciones y el Gobierno deben abordar de manera urgente esta problemática sistémica que compromete la vida y la seguridad de aquellos detenidos bajo la custodia del Estado. La reciente muerte solo resalta la imperiosa necesidad de reformas profundas y efectivas en el sistema de detención.
