Juicio político a la Corte Suprema: el intento del kirchnerismo por restablecer la coparticipación
En un giro atípico para la independencia de poderes, el kirchnerismo impulsó en 2023 un movimiento político sin precedentes: el juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La razón detrás de este histórico proceso fue la orden de la Corte al Gobierno de Alberto Fernández para restablecer la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que había sido recortada mediante el decreto 735/2020.
La decisión de Alberto Fernández de quitarle la coparticipación a CABA y transferirla a la provincia de Buenos Aires se produjo en septiembre de 2020, en medio de reclamos salariales de la policía provincial y movilizaciones alrededor de la quinta de Olivos. La medida, destinada a respaldar al gobernador Kicillof, generó controversias y fue impugnada judicialmente por la Ciudad, que presentó una cautelar el 21 de diciembre de 2022.
A pesar de que la Corte Suprema ordenó restablecer la coparticipación, el presidente Alberto Fernández anunció que no acataría tal orden. En respuesta, los líderes del oficialismo buscaron justificar este desacato institucional acusando a los jueces de mal desempeño y promoviendo el juicio político.
Entre los argumentos esgrimidos por el kirchnerismo estaba la supuesta afectación a todas las provincias, incluyendo Chaco, ya que, según afirmaban, la decisión de la Corte restaría fondos de la coparticipación. Sin embargo, el fallo de la Corte dejó claro que este argumento carecía de fundamento, ya que la coparticipación de CABA se descuenta de la coparticipación primaria, sin afectar a las provincias.
A pesar de las inconsistencias en los argumentos, el kirchnerismo avanzó con el proceso de juicio político. En las últimas semanas, la comisión de Juicio Político en Diputados, controlada por el oficialismo, firmó el dictamen a favor del proyecto en contra de los miembros de la Corte. Aunque se necesitan dos tercios de los votos para iniciar el proceso en el recinto de Diputados, algo que el peronismo no posee, la resolución final recae en el Senado.
Con la firma del dictamen, el intento de juzgar al máximo tribunal argentino parece destinado a la nada misma, ya que las cifras y la falta de apoyo necesario hacen improbable el éxito del juicio político.
