Solicitaron la elevación a juicio por la causa que compromete al exjuez federal Miguel Aranda por asociación ilícita
El caso que involucra a Aranda, cinco gendarmes y otras personas, se les acusa de formar parte de una "asociación ilícita" que aseguraba impunidad y protección a cambio de dinero.
La Cámara Federal de Resistencia, Chaco, confirmó en mayo el procesamiento de un ex juez federal de la provincia por asociación ilícita por dictar resoluciones judiciales que beneficiaba a bandas narcos. Se trata de Miguel Aranda, ex conjuez federal de Roque Sáenz Peña.
Es así, que este martes 28 de noviembre, en el marco del expediente FRE 9007/2020, caratulado "Aranda, Mariano Miguel y otros s/ asociación ilícita y otros", los fiscales que acusaron al ex juez son Federico Carniel (Fiscal General), Carlos Martín Amad (Fiscal Federal de Roque Sáenz Peña), Patricio Sabadini (Fiscal Federal de Resistencia) y Diego Iglesias (Fiscal Federal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y solicitaron el requerimiento de elevación a juicio.
Siguiendo esta línea, el resto de procesados son: Clarisa Daniela Galissier -cuñada de Aranda- y Rafael Raimundo Martín -pareja de Galissier; y los gendarmes Alberto Martín Farías, Enzo Gabriel Aguirre, Raúl Ernesto Scheurman, Walter Darío Ayala (comerciante) y Alejandro Alberto Quintana, apodado "Talibán" (ex funcionario de la Gendarmería Nacional).
Tal como fue delimitado por el Ministerio Público Fiscal en las presentaciones del 20 de octubre y del 20 de diciembre de 2022, se les atribuye a los encartados haber tomado parte en una organización criminal integrada por los mencionados anteriormente, destinada a "cometer diversos sucesos de corte delictivo tendientes a brindar asistencia y garantizar impunidad a diferentes sujetos vinculados con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes".
El grupo criminal, al menos desde el año 2020, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las decisiones que debían adoptarse o los actos funcionales propios, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la obtención o en procura beneficios o promesas indebidas de su parte.
Así, se advirtió que Miguel Mariano Aranda, como juez federal, articuló los mecanismos a su disposición para que, en las causas bajo su jurisdicción, se omitan o demoren los actos procesales que le eran requeridos o que debían disponerse en cumplimiento de la normativa procesal, para poder alertar a las personas imputadas o investigadas de las medidas a dictar y así garantizar su impunidad y la continuidad del accionar delictivo investigado.
Es así, que, una de las bandas narco más conocidas e influyentes de Chaco, identificada en Sáenz Peña como el "Clan Sosa", habría sido protegida también por el propio juez Aranda, según la acusación.
Finalmente, bajo las directivas del nombrado Aranda, Ayala, Farías, Quintana y la mujer uniformada de la Policía de la Provincia de Chaco aún no identificada, tuvieron como rol "exigir sumas de dinero a cambio de la obtención de beneficios procesales en los expedientes bajo la órbita de competencia del entonces juez federal Aranda".
