Magistrados acusan "destrato institucional" al no cumplirse sus expectativas de recomposición salarial
Jueces y funcionarios judiciales acusan un "destrato institucional" ya que esperaban que al 8% de recomposición salarial anunciada por el Ejecutivo para toda la administración pública, se les sume el compromiso de pago del 10% de adelantamiento del Ajuste por Revisión que por Ley les corresponde.
En las últimas horas se difundió a través de redes sociales un fragmento del Decreto 2448, firmado este lunes por el Ejecutivo de la provincia, con el que se actualizó el concepto de Ajuste por Revisión, el adicional remunerativo no bonificable que hace que los sueldos de los magistrados chaqueños se equiparen a la media regional tal como lo establece la Ley. El instrumento legal incrementó el malestar de los funcionarios judiciales que tenían otras expectativas y provocó confusión al creerse que se estableció un aumento del 380%, información que es errónea.
El decreto establece un aumento del coeficiente del concepto que pasó de 361,77% a 380% y que se calcula sobre los concetos sueldo básico y compensación jerárquica, lo que equivale a poco más de un 2% de aumento neto al salario de jueces y funcionarios del Poder Judicial.
Previo a esto, el 14 de julio, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia del Chaco se reunió con el Ejecutivo provincial que firmó un compromiso, debido a la creciente inflación, para adelantar un 10% del Ajuste por Revisión, de los 40% previstos a imputarse en septiembre.
Sin embargo, luego de las PASO nacionales, el peso se devaluó más de un 20%, se agrandó la brecha entre el dólar oficial y el blue, y la inflación tuvo una fuerte escalada. La reacción de la gestión de Jorge Capitanich fue anunciar un aumento extraordinario del 20% a pagarse un 8% este mes y el resto en octubre.
Las expectativas entonces de magistrados eran que al compromiso del 10% del Ajuste por Revisión se le sume el 8% de recomposición, pero eso no ocurrió. Mediante el decreto, solo se adelantó poco más de un 2%, se le sumó el 8% del aumento extraordinario y de esta manera los funcionarios judiciales percibieron un 10%.
"Nos enteramos en la última reunión que tuvimos que el 8% iba a estar incluido en el 10%, nos quedamos con lo que habíamos acordado antes de la devaluación. Lo que hizo enojar mucho la gente", sintetizó a Diario TAG, Marcelo Gauna, presidente de la Asociación de Magistrados.
La confusión que generó la difusión del el decreto se da en medio de un malestar generalizado en el sector judicial que en los últimos días encabezaron una movilización en toda la provincia pidiendo el "restablecimiento" de la garantía constitucional de la intangibilidad salarial, amparados en la sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia Ad Hoc que intimó al Poder Ejecutivo a mantener la equivalencia de las remuneraciones con la de los poderes judiciales de Corrientes, Formosa y Misiones.
"La falta de actualización de los salarios en tiempo y forma implica lisa y llanamente una continuidad y hasta agravamiento de la vulneración de la garantía constitucional de intangibilidad de los salarios de magistradas y magistrados", planteó la Comisión Directiva de la asociación. A su vez, algunos jueces pidieron al Superior Tribunal de Justicia "firmeza" ante el Gobierno.
Es que los magistrados denuncian una brecha salarial de entre el 40% y 50% con sus pares de Corrientes. "Y si nos comparamos con jueces de Santa Fe, percibimos un 75% menos por la misma tarea de impartir justicia", cuestionaron.
Marcelo Gauna se refirió al conflicto económico que a su criterio "atenta contra la independencia del Poder Judicial", instó al STJ a "ponerse firmes ante el Poder Ejecutivo" y no descartó acciones judiciales para resolver de fondo la "pérdida estrepitosa del salario real".
El reclamo salarial de magistrados lleva ya 18 años y se litigó incluso ante Corte Suprema de Justicia de la Nación con la causa conocida como "Alonso de Martina", el máximo tribunal reconoció la violación de la garantía de intangibilidad en Chaco y ordenó que se la reestablezca.
Por ello, en el año 2021 se aprobó la Ley de Garantía de Intangibilidad en la provincia (Ley 3424-A), que estuvo 8 meses sin ser cumplida, y se tomó como regla de aplicación el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica una media nacional que publica la Federación Argentina de la Magistratura, para establecer paridades en remuneraciones entre jueces de diferentes provincias, aproximándose a esta media nacional.
