Familias exigen que se inicie la construcción de sus casas y el IPDUV trabaja para darles alguna certeza
Las familias se preparan para una nueva convocatoria este jueves, en un contexto de temor por un presunto abuso sexual que habría tenido lugar en su terreno, que aún se está investigando, y el peligro de un supuesto intento de usurpación.
Son más de 40 las familias que hoy en día aún esperan la construcción de sus casas en un predio ubicado en la avenida Edison de Resistencia, entre las calles 25 y 27, como resultado de un convenio entre la Asociación Gremial Unión Empleados Legislativos y el Instituto de Viviendas.
A días de una nueva manifestación este jueves para pedir respuestas ante su reclamo, avanza una investigación por supuesto abuso sexual a una niña de 7 años en dicho predio, que llenó de confusión e incertidumbre a los vecinos de la zona. Ahora, reclaman respuestas sobre lo ocurrido, celeridad y mayor seguridad debido al temor de que hechos de esta gravedad estén ocurriendo en un lugar donde deberían estar edificándose sus viviendas.
En esa línea, Diario TAG dialogó con propietarios de estos terrenos que llevan adelante el reclamo y con el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Diego Arévalo.
El proyecto para la construcción de 100 viviendas en el predio ubicado en la avenida Edison comenzó hace casi 8 años, en el marco de un convenio entre el AGUEL y el Instituto de Viviendas.
"Entre el año 2013 y 2015 había un plan muy grande de viviendas. En general, el problema más grande que tenía la provincia para ejecutar ese plan era que faltaban terrenos. En eso, se empieza a pedir a los sindicatos y asociaciones, a todos los que pudieran tener terrenos, que los puedan ofrecer para la construcción de viviendas para sus afiliados", detalló Arévalo.
Así sucedió con el gremio de empleados legislativos: "Ellos iban a poner a disposición un terreno al Instituto de Viviendas y el instituto se comprometía mediante un convenio a gestionar un plan de viviendas específico para ese lugar".
"El gremio efectivamente no tenía terrenos. Lo que hizo fue convocar a afiliados, que después de ver un poco el listado, casi ninguno es afiliado del Poder Legislativo, para que pusieran plata y, entre toda la plata que juntaban, compraban un terreno y después lo ponían a disposición del Instituto", manifestó el funcionario.
En ese punto, Arévalo resaltó que la compra no se convino con el IPDUV: "Ellos no pagaron nada al Instituto, no están pagando una casa, no se les cobró una casa".
En el marco de este convenio, más de 60 familias aportaron a AGUEL para la compra del terreno, a la espera de que, tras 18 meses, contarían con una casa propia. Según detallaron a este medio, en base a préstamos y ahorros, casi todos los propietarios pagaron al gremio la totalidad de lo que se pedía.
Desde entonces, las obras en el lugar no lograron avanzar y, en medio de inusuales situaciones, la construcción de las viviendas comenzó a retrasarse hasta la actualidad. Hoy en día, en el predio predomina la vegetación y estructuras de casas a medio hacer.
Ante esto, Arévalo explicó que entre los tantos motivos por los que se retrasó la construcción, se encontraba el traspaso de los terrenos al Instituto de Viviendas. "Con todas las obras pasa lo mismo, el terreno tenía que ser transferido al Instituto, porque es una obra pública. Ese traspaso de propiedad nunca se pudo dar".
Finalmente, el traspaso se logró hace algunos meses atrás, en el año 2022. "En el medio pasó de todo. Se empieza a construir ahí con viviendas que no eran para ese lugar, eran viviendas de San Martín que se relocalizaron en ese proyecto acá en Resistencia para estas familias. Esas obras se empezaron bajo la promesa de que se iba a solucionar el tema de los terrenos, que no se solucionó, y se paralizaron", explicó Arévalo en esa línea.
"En el medio, el gremio (AGUEL) que tenía la gestión con el Instituto fue intervenido. Pierde una elección el titular de ese momento, se interviene el gremio y se tiene que nombrar un interventor. En el medio de todo eso, uno de los que les había vendido el terreno fallece, así que entra en una sucesión. Otro se fue a vivir a Estados Unidos, que era miembro de la propia comisión del gremio. Había muchas situaciones así, muy particulares", continuó.
En 2022, dos de los tres terrenos comprados se pasan al Instituto de Viviendas y comienzan las gestiones para conseguir los fondos y empezar la construcción, pero no se obtienen respuestas.
Actualmente, los fondos siguen sin ser aprobados desde Nación, y son muchas las familias que comienzan a impacientarse ante la falta de respuestas. Desde el IPDUV, en tanto, presentaron una serie de soluciones que no fueron tan bien recibidas por los vecinos.
"La propuesta que les hice es que avancemos con la infraestructura, ejecutemos las obras que son necesarias, abramos calles, llevemos las redes de agua y redes de energía, y ganemos tiempo haciendo eso mientras nos aprueban un proyecto de viviendas. Y si no nos llegan a aprobar el proyecto, ustedes puedan por lo menos tener el terreno a su nombre, porque hoy ninguno tiene ningún papel de nada", detalló Arévalo.
"Nos queda resolver este caso que, cuando no podemos darle la vivienda, por lo menos te damos un lote, a nombre tuyo, que hoy es algo que no tenés. Hoy lo que ellos tienen es un boleto de compraventa de una superficie de 10x30, de algo indiviso, de algo que no se puede dividir, de algo que no se sabe de quién es", dijo.
Y detalló que este mismo procedimiento se llevó a cabo con los proyectos de viviendas de empleados judiciales y de Insssep, que sufrieron las mismas consecuencias de este convenio.
Además, Arévalo detalló que les ofreció a aquellas familias que tuvieran la urgencia de la casa, darles "la prioridad para relocalizarlos en una de las viviendas que se están por entregar en Resistencia dentro de este año". "De 64 familias, 21 aceptaron esto. Esas 21 personas, cuando reciban la casa, van a empezar a pagar la casa que recibieron", explicó.
Esta propuesta significó una "tomada de pelo" y un "agravante" de la problemática para algunas familias que atraviesan esta situación, debido al estado del predio en el que estas nuevas casas se encuentran. Para estas familias, sus casas tienen que construirse en el terreno que pagaron hace más de 7 años.
Desde el Instituto de Viviendas, en cambio, manifiestan que se está interviniendo con sus recursos más de lo que se debería intervenir.
"Ellos no pagaron nada al Instituto, no están pagando una casa, no se les cobró una casa. Ni siquiera se convino con ellos individualmente que iban a tener un beneficio. El que convino que podría llegar a gestionarse un beneficio, a favor de los que el gremio proponga, era justamente el gremio. Y hoy el gremio está intervenido, o sea, no tenemos interlocutores", expresó Arévalo.
Y dijo que el convenio que se firmó hace casi 8 años, "es muy general". "El Instituto se compromete a gestionar un plan habitacional, nada más, y que, en tanto y cuanto esto se pudiera hacer, se daría prioridad a las familias que postula el gremio. Es todo lo que dice. Ni siquiera hay una obligatoriedad de decir "sí o sí el Instituto le va a construir la vivienda"".
"Entiendo que hay una preocupación. Yo sé que es muy difícil que las familias estén contentas porque tenían una expectativa distinta, pero es mucho lo que estamos haciendo en términos de gestión de recursos nuestros para que tengan alguna certeza sobre, por lo menos, el terreno que compraron en algún momento al gremio", completó el presidente del IPDUV en declaraciones a este medio.
Hasta el momento, el descontento entre las familias continúa, y se preparan para llevar adelante un nuevo reclamo, en un contexto de temor por el presunto delito que habría tenido lugar en su predio, que aún se está investigando, y el peligro de un supuesto intento de usurpación.
La supuesta violación y la sospecha de un intento de usurpación
La grave denuncia por supuesto abuso a una menor en el predio de la avenida Edison tiene fecha del 27 de julio, pero en la actualidad aún no hay certeza de que el hecho realmente ocurriera. Así lo detalló a Diario TAG el fiscal que lleva adelante la investigación, Roberto Villalba.
Según reza la denuncia radicada por una integrante del Movimiento Juan Domingo Perón, que se encontraba con otros militantes en la zona, "escuchó a una menor pidiendo auxilio desde un monte ubicado en las inmediaciones". Tras esto, la mujer dijo que se acercó al lugar y pudo ver a un hombre "sobre una menor que estaba en el suelo, sin vestimenta y llorando", mientras que su compañera vio a otro hombre en el lugar.
La mujer denunció que ambos hombres se llevaron a la niña y se adentraron al monte, donde uno de ellos logró escapar con la menor de edad y otro fue demorado por los integrantes del movimiento. Tras un amplio rastrillaje en la zona, el personal policial de la Comisaría Quinta no halló rastros de la niña ni de su supuesto abusador.
Casi dos semanas después de esta denuncia, el fiscal a cargo, Roberto Villalba, duda de si el hecho denunciado realmente ocurrió y trabaja para obtener más información por parte de testigos. La denunciante, por su parte, se negó a presentarse a declarar nuevamente sobre lo que vio.
Hasta el momento, no hay ninguna otra denuncia en relación a este hecho, ni sobre un abuso a una menor, ni sobre la desaparición de la misma. "Estamos investigando porque no hay certeza de que haya ocurrido. Llegó la policía cuando se hizo la denuncia en ese momento, se metieron en el monte, pero no había nada. No vieron ni a la supuesta criatura de 7 años ni a otra persona. A nadie", detalló el fiscal a este medio.
En tanto, mencionó una versión sobre un supuesto intento de usurpación en el lugar, que habría querido ser tapado con esta denuncia de inmensa gravedad. "Se dijo en ese mismo momento, comentarios, que el movimiento estaba intentando usurpar, o sea, que fue todo un entretelón. Se evitó la usurpación. Entró la policía y los sacaron", explicó Villalba.
Este hecho conmocionó a los propietarios del terreno, quienes se manifestaron para pedir mayor seguridad en la zona y el esclarecimiento de lo que ocurrió. Como respuesta, el Ministerio de Ambiente recientemente llevó adelante una limpieza y desmalezamiento en el predio, y se inició un trabajo coordinado con Secheep para poner iluminación, por cuestiones de seguridad, según señalaron fuentes oficiales a este medio.
Sin embargo, esto no responde al reclamo central de las familias, que se preparan para una nueva convocatoria este jueves.
