Dos sindicalistas fueron condenados a tres años de prisión por destrozos a una sede de SAMEEP de 2021
Se trata de dos dirigentes de la empresa estatal, que en 2021 encabezaron un violento reclamo salarial junto a otras 30 personas. Fueron condenados por "instigación a cometer delitos".
El 1 de junio de 2021 a las 8 de la mañana, el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCh), Daniel Tabares, y el tesorero de dicha organización, Daniel Rivero, se acercaron a la sede de SAMEEP, en avenida Las Heras 80, junto a un grupo de 30 personas en el marco de un reclamo salarial.
En esa línea, los presentes, instigados por Tabares y Rivero, ingresaron a la parte delante del edificio para comenzar a dañar los bienes de la empresa arrojando ladrillazos. Destruyeron puertas de aluminio y vidrio, además de mobiliario.
Por este hecho, Tabares y Rivero fueron condenados esta mañana a tres años de prisión de cumplimiento condicional por "instigación a cometer delitos". En tanto, el resto de los empleados que participaron del violento hecho, trabajadores de planta permanente del Estado, aun no fueron identificados.
Esta condena fue decisión de la Cámara Tercera en lo Criminal, conformada en Sala Unipersonal bajo la presidencia del juez Ernesto Javier Azcona. En tanto, la causa que contó con la intervención del fiscal de cámara Sergio Cáceres Olivera y con Paulo Pereyra como abogado querellante, en representación de Sameep.
Durante el juicio que tuvo como imputados a los dirigentes, Cáceres Olivera indicó que el reclamo salarial que tuvo lugar en avenida Las Heras en septiembre de 2021 tomó un "tinte de carácter delictivo" en el que se provocaron daños por una suma aproximada a los $ 4.000.000.
Además, provocaron lesiones a distintas personas, entre ellas una mujer que casi pierde la vista y "quedó traumatizada por lo ocurrido".
En la audiencia, trabajadores de la empresa Sameep y Ariel Zorzoli, quien se desempeñaba como jefe de Capital Humano de SAMEEP, reconstruyeron la violenta secuencia que se vivió aquel día. "Vamos a prender fuego, vamos a quemar todo, vamos a entrar por las buenas o por las malas", detallaron que habrían gritado los imputados junto a sus dirigidos.
En tanto, Rivero dijo que él también fue agredido, que le arrojaron un hielo desde una heladera y hasta que visualizó armas de fuego.
El abogado querellante, sin embargo, calificó esta versión como "inverosímil". "Su descargo no tiene la entidad suficiente para conmover la plataforma acusatoria, dicen que fueron agredidos, sin embargo, el personal policial nunca dio cuenta de eso, del preventivo policial no emerge".
A su vez, recordó una de las declaraciones indagatorias que brindó Tabares en calidad de imputado: "Nosotros vamos a defender cueste lo que cueste", planteó. "Cueste lo que cueste es lo que pasó ese día", contestó Pereyra.
Según el relato de Daniel Rivero, en el que se victimizó, aquel 1 de septiembre, mientras realizaban su reclamo salarial, "nos dicen que nos van a contestar y automáticamente cierran la puerta con llave, nos quedamos afuera, y viendo que no había respuesta, fuimos hasta la puerta y fuimos insultados y agredidos desde adentro, hasta el punto que tiraron un matafuegos rompiendo el vidrio de la puerta, también percheros, y hielos congelados que estaban en una heladera en la cocina, por un grupo contratado por el presidente de la empresa que actúa como grupo de tareas".
Daniel Tabares, en sintonía con lo declarado por su par, dijo: "Los hechos se desarrollaron como consecuencia de la actividad que se produjo de adentro hacia afuera, de donde comenzaron a salir proyectiles, que tenían consistencia sólida por lo que ocurre la ruptura de los vidrios, y hubo una reacción de autodefensa en este sentido".
Para el juez Azcona, sin embargo, las diversas declaraciones de testigos respaldaron las denuncias iniciales y "brindaron una imagen más completa de lo ocurrido allí".
"Los relatos coinciden en la presencia de manifestantes violentos, la participación de los imputados Tabares y Rivero en los disturbios y la ocurrencia de actos vandálicos. Además, se destaca el sufrimiento físico y emocional de las personas afectadas durante los hechos. Los testimonios también mencionan la obstrucción de acceso a la atención médica y la falta de identificación clara de los agresores", sintetizó el magistrado.
Con esta consideración, condenó a ambos gremialistas a tres años de prisión de cumplimiento condicional, resolvió una inhabilitación especial de 4 años para ejercer cargos o empleos públicos y rechazó que ambos reparen el daño patrimonial a SAMEEP, tal como lo solicitó la querella, al considerar que previamente debía iniciarse una acción civil.
