Investigarán un ataque en Santa Cruz como "tentativa de femicidio" contra Cristina y Alicia Kirchner
Se trata del ataque contra la residencia oficial de Santa Cruz, donde manifestantes se enfrentaron contra la Policía y realizaron destrozos en el lugar. Esa noche se encontraba la entonces presidente en la vivienda.
La Cámara en lo Criminal y Correccional de Río Gallegos se pronunció sobre el ataque a la residencia oficial de la gobernadora en 2017 durante una protesta de docentes. Por el hecho, ordenó que se investigue como "tentativa de femicidio calificado" a Cristina y Alicia Kirchner.
En la noche del 21 de abril del 2017 se realizaba una protesta de empleados estatales quienes reclamaban por falta de pago de los sueldos o el cobro de manera desdoblada. En ese momento, la entonces presidente de la Nación se enconrtaba en la residencia con su nieta Helena.
El enfrentamiento entre los manifestantes y la Policía llegó hasta el jardín de la casa, hecho por el que, al otro día, Cristina Kirchner grabó un video donde mostró los destrozos y acusó a Cambiemos de haber organizado la protesta.
En la causa penal se procesó a cinco personas, todas ellas empleadas estatales y dirigentes del partido de izquierda. Cuando el caso iba a pasar a juicio oral, el fiscal subrogante de la Cámara Federico Heinz solicitó que se modifique el delito a juzgar.
"La violación del domicilio es el principio de ejecución de un hecho más gravoso, de mayor envergadura, que es el que motiva la solicitud del cambio de la calificación jurídica", afirmó el fiscal.
Este último pidió que se cite a indagatorai al actual candidato a gobernador por el Frente de Izquierda, Diego Barrionuevo, Claudio Wasquín y Gabriela Ance. Al pedido adhirió el fiscal de estado Fernando Tanarro que actúa como querellante en la causa.
El juez de primera instancia rechazó el pedido por "improcedente" porque la calificación legal es provisoria y puede ser discutida en el juicio oral pero no se puede modificar la imputación formal de la indagatoria. Además, el fiscal hizo el planteo en la etapa de ofrecimiento de prueba para que la causa pase a juicio oral.
La Fiscalía apeló el rechazó y esto llegó a la Cámara. La opinión del juez Joaquín Cabral fue contundente. "Estamos en presencia de un verdadero dislate jurídico".
Según el juez, el pedido del fiscal "carece de razón y sentido legal, resulta difícil pensar que después de haber transitado y estudiado los principios rectores del debido proceso se realice un planteo como éste donde se desconoce y quebranta el principio de congruencia procesal, la defensa en juicio, la preclusión procesal penal, el principio de progresividad y la cosa juzgada formal".
