La Guardia Washek denunció al fiscal federal de Sáenz Peña por supuesto "abuso de autoridad y persecución a una raza"
En el Juzgado Federal de Sáenz Peña integrantes de comunidades indígenas de la zona de El Sauzalito, encabezados por Ariel Manuel Fabián y Amancio Reinoso, referentes de la Guardia Comunitaria Ambiental Wichi Washek con el patrocinio del abogado Paulo Pereyra denunciaron al fiscal federal Carlos Martín Amad y la auxiliar fiscal Pamela Michlig.
Los delitos por los que son denunciado son por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos (art. 248 y 249 del CP), agravados "por haber sido cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población, con motivo de persecución a una raza o nacionalidad y con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial" (cfr. el art. 41 quinquies del CP y la Ley N° 23.592/88).
Los hechos que sostienen la presente denuncia consisten en una serie de acciones y omisiones funcionales que infraccionan deberes que pesan sobre integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación (con asiento físico o funcional en esta jurisdicción), constituyendo tales conductas delitos previstos y reprimidos por el Código Penal (más allá de otros planos de responsabilidad que les cabe).
Los fundamentos de la denuncia contra el fiscal están basados en un expediente en el que los integrantes de la Guardia Washek fueron sobreseídos en el año 2020. En tal expediente penal "al primer golpe de vista luce que todo aquello que refiere de modo discriminatorio y estigmatizante contra las comunidades indígenas". "El fiscal general Amad, no solo carece de sustento probatorio/indiciario, sino que fueron sobreseídos en esa causa", afirmaron.
Se menciona que lo que hace Amad, es "reflotar de un modo peyorativo y vacío de razonamiento jurídico (lo más relevante: violando los deberes a su cargo como fiscal federal general), algo que ya fue objeto de investigación y resuelto definitivamente, "levantado" así hechos históricos con mérito desincriminatorio firme".
Por este motivo piden que se inicie una investigación "exhaustiva, objetiva y eficaz" tanto para esclarecer los ilícitos contra el derecho internacional de los derechos humanos indígenas, como para hacer cesar los efectos de estos delitos.
Sostiene el escrito que "el proceder de los fiscales denunciados revela un intolerable apartamiento de la delicada misión confiada a los mismos, con daño evidente al servicio de justicia y menoscabo de la investidura, habiendo incurrido pues, en la comisión de graves delitos en el ejercicio de la función pública contra pueblos indígenas a los que pertenecemos incluso sobreseídos total y definitivamente hace casi dos (2) años".
Se menciona además que "el fiscal general Carlos Martín Amad, mediante la constante exposición mediática, realizó altisonantes declaraciones públicas, analizando y contando las medidas y líneas de investigación que estaban absolutamente agotadas hace tres (3) años".
A los fines de evitar cualquier tipo de acto procesal que pueda afectar o entorpecer la presente, entienden que "corresponde plantear y motivar la recusación de los mismos, en el tiempo y forma que prevé el art. 60 del CPPN".
