El Gobierno decidió suspender la Ley de Alquileres vigente y busca alternativas para reemplazarla
Desde el ministerio de Economía ya tomaron la decisión de suspender la actual Ley de Alquileres, que está vigente desde junio de 2020. Según detallaron medios nacionales, la resolución fue conversada esta semana entre el presidente Alberto Fernández y el titular de la cartera económica, Sergio Massa.
Ahora, se analizan las alternativas posibles para reemplazar la ley vigente sancionada hace tres años que terminó siendo perjudicial para inquilinos y propietarios.
Al momento de su sanción, la Ley de Alquileres tuvo amplio consenso legislativo. La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero terminó siendo sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.
Dicha normativa introdujo al mercado dos cambios clave: extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una sola actualización anual del valor mensual del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.
Estos factores fueron los que generaron incertidumbre en los propietarios e impactaron en el mercado inmobiliario, que ofrecía menos propiedades en alquiler y a precios más altos.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, ya se presentaron unos 30 proyectos legislativos en el Congreso para modificarla o derogarla, pero ninguno logró avanzar. Mientras que en mayo de 2022 se firmaron tres dictámenes: uno de mayoría en representación del Frente de Todos y dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño.
La propuesta que el año pasado tuvo el dictamen de mayoría no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, los puntos centrales a modificar.
Ahora, el Gobierno comienza a analizar alternativas para reemplazar la ley vigente y, si se decide que el tema vuelva a ser tratado por el Congreso, se va a tratar el dictamen del oficialismo en primer lugar. Para Juntos por el Cambio, dicho dictamen es incluso peor que la ley actual y buscan impulsar opciones como volver al plazo de dos años de contrato y ajustes semestrales acordados por las partes según diferentes índices.
