Sesiones extraordinarias: el Gobierno habilitó el debate de todos los pedidos de juicio político contra la Corte
Además, se incluyó en el temario el tratamiento sobre la conformación del Consejo de la Magistratura y la modificación del Presupuesto, entre otros puntos.
El Gobierno oficializó este viernes el llamado a sesiones extraordinarias a través del Boletín Oficial que incluye el tratamiento de un amplio abanico de temas: juicio a la Corte, Consejo de la Magistratura y la modificación del Presupuesto, entre los tópicos más controversiales
En el Boletín Oficial se publicó el decreto 17/2023 firmado por Alberto Fernández y su jefe de Gabinete, Juan Manzur. La norma habilita a que los legisladores sesionen desde el próximo 23 de enero, una semana después de lo que se había pensado inicialmente.
Si bien el punto principal del llamado sería iniciar un juicio político a los miembros de la Corte Suprema, esa iniciativa se presenta como un punto genérico en el decreto en puesto 24 del listado completo: "Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", reza temario. Y, de esa manera, el Gobierno habilitó que avancen todos los pedidos presentados ante la Comisión que deberá iniciar el trámite institucional.
Son al menos seis solicitudes contra la Corte en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, según lo informado por TN. Tres de ellos fueron presentados por la Coalición Cívica, uno de la Multisectorial por la Democratización de la Justicia, y dos del Frente de Todos (FdT), una de Vanesa Siley y el que entregó hace unos días Alberto Fernández a Carolina Gaillard, titular de la Comisión, y a Germán Martínez, presidente del bloque.
En el decreto, sin embargo, no solo se pidió tratar el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, sino que también se solicitó que se discuta nuevamente la conformación del Consejo de la Magistratura.
El Gobierno se vale de la exhortación que había fijado la Corte en aquel fallo de diciembre de 2021 para avanzar en una nueva reforma. En aquel momento el máximo tribunal le había dado un plazo de 120 días al Congreso para avanzar en una nueva norma. En el decreto, el Gobierno alerta que "dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible", según lo informado por La Nación.
Además, figuran varios proyectos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales, solicitado por Sergio Massa, para reforzar la recaudación. Y se menciona el "tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación".
Mientras que, en el punto 21 del listado, el Gobierno pidió avanzar en una ley para modificar la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional.
De esta manera, se podría nuevas partidas y, eventualmente, entregarle a la Ciudad de Buenos Aires más recursos de coparticipación, en línea con lo ordenado por la Corte.
Este punto tiene como intención poner en aprietos a Juntos por el Cambio, que decidió no tratar ningún proyecto mientras el Gobierno insista con enjuiciar a la Corte.
