Juntos por el Cambio anunció que denunciará penalmente a Alberto Fernández por no acatar el fallo de la Corte
Luego de que Alberto Fernández comunicara que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la disputa por los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad, desde Juntos por el Cambio anunciaron que denunciarán penalmente al Presidente.
Entre los fundamentos consideran que está cometiendo los delitos de "alzamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia".
Serán, al menos, dos presentaciones ante la Justicia Federal: una de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido y otra de legisladores nacionales de la Unión Cívica Radical.
La chaqueña y referentes de su espacio advirtieron que los funcionarios del Gobierno "quieren chocar las instituciones, pero van a perder, no lo van a lograr".
Junto a Carrió, firmarán la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facundo del Gaiso; Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano.
A través de un comunicado de Juntos por el Cambio, los referentes de la principal coalición opositora expresaron su más enérgico repudio y sostuvieron que "no es opcional acatar un fallo de la Justicia, es esencial para convivir en sociedad y en estado de derecho". "Abandonar estos principios es la antesala a poner en juego la República y la democracia. Es hora de terminar con la impunidad y los privilegios en la Argentina", subrayaron.
"No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa. La ley debe ser cumplida por todos y principalmente por aquellos que ejercen el poder y deben dar el ejemplo", sostuvieron.
En la misma línea, agregaron: "Poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los argentinos. El incumplimiento de lo dispuesto por la Corte por parte del Gobierno Nacional representa un conflicto institucional y de poderes sin precedentes en la historia de nuestro país".
Legisladores radicales también recurrirán a la Justicia con la misma acusación contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es "inédito, incongruente y de imposible cumplimiento".
"Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron notificados; los gobernadores que suscriben en la comunicación y que no sólo incumplen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte", señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.
